La magistrada fijó este jueves la fecha de su dictamen al término de un juicio de cuatro semanas en el tribunal londinense de Old Bailey, en el que han declarado numerosos testigos de la defensa del fundador de WikiLeaks, que rechaza su entrega.
El procesado, que considera que EE.UU. tiene «motivaciones políticas», permanecerá en prisión preventiva mientras sigue su proceso, que podría alargarse en el tiempo si, como es previsible, la parte perjudicada recurre el fallo.
Al final de la vista de hoy, dedicada en buena medida a acordar aspectos técnicos, Baraitser agradeció su «excepcional trabajo duro» a la defensa, encabezada por Mark Summers y Edward Fitzgerald, y a la Fiscalía -en representación de la Justicia estadounidense-, con James Lewis y Clair Dobbin al frente.
La magistrada rechazó, como se esperaba, conceder la libertad condicional a Assange, que seguirá en el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh y deberá personarse en las sucesivas vistas rutinarias de control, la próxima de las cuales está prevista para el 29 de octubre.
Baraitser rehusó asimismo aplazar el proceso a fin de dar más tiempo a la defensa a presentar pruebas adicionales, como ya hizo al inicio el 7 de septiembre de esta segunda fase del juicio, pospuesto el pasado mayo.
Argumentó que debían haber cursado su solicitud en agosto, después de que EE.UU. presentara un nuevo auto de procesamiento acompañado de una segunda petición de extradición que anulaba los anteriores de abril de 2019 y ampliaba la base de las acusaciones contra el experto informático.
Estados Unidos reclama a Assange para juzgarle por haber conspirado presuntamente con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) en 2010 y, ahora, también con otros «hackers» entre 2007 y 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en su portal.
Durante septiembre han declarado ante el tribunal numerosos testigos de la defensa, en apoyo de su tesis de que las acusaciones de Washington contra su cliente están «políticamente motivadas» y no afrontaría un juicio justo en ese país, si bien la fiscalía mantiene que se trata de actos criminales.
Han testimoniado varios psiquiatras, que aseguraron que el periodista, delicado de salud, padece «un trastorno del espectro autista» y «presenta riesgo de suicidio» si es entregado a EE.UU., algo que ha tratado de evitar desde que fue detenido en Londres en 2010 a petición de Suecia por presuntos delitos sexuales de los que no fue acusado y que ya han sido archivados.
Entre otros testimonios, la periodista estadounidense Cassandra Fairbanks aseguró que el Gobierno del presidente Donald Trump pudo haber negociado la expulsión en abril de 2019 de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado como asilado político en 2012.
También declararon por escrito en favor de Assange el académico estadounidense Noam Chomsky, que defendió su lucha por la libertad de información, y el abogado español Aitor Martínez, del bufete de Baltasar Garzón, que informó del proceso que se sigue en España contra la empresa UC Global, que presuntamente espió al australiano cuando estaba en la embajada.
Durante el proceso, la novia del procesado y madre de dos de sus hijos, Stella Moris, ha liderado una campaña para pedir la libertad de su pareja y ha recaudado más de 150.000 (165.000 euros) en internet para sufragar los costes legales. EFE
