No hay una cifra local, pero a nivel nacional entre el 37 % y el 40 % de alimentantes dejaron de pagar sus obligaciones a través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA, a raíz de la pandemia, según datos de la Función Judicial.
En contraparte, los pedidos de rebajas se incrementaron en hasta un 50 %, esto debido a la ola de despidos que se registró con motivo de la crisis económica que deja la pandemia, y las rebajas de sueldos en empresas públicas y privadas.
Un registro efectuado por el Municipio de Cuenca, da cuenta de que en la ciudad se perdieron unos 20.000 empleos hasta agosto, y de acuerdo al Ministerio de Trabajo unas 6.000 empresas se han acogido a la reducción de salarios a nivel país.
Las largas filas en la parte externa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se cumplen procesos de afiliación voluntaria, desvinculación y seguros de desempleo solo se compara con las filas que se forman en la Función Judicial, a donde abogados acuden, entre otras causas, por temas relacionados al pago de pensiones alimenticias.
Procesos
El abogado Juan Delgado, quien se especializa en familia, comenta que en los últimos meses los pedidos de rebajas de pensiones por parte de los alimentantes, y de cobro de pensiones por parte de quienes tienen la patria potestad de los hijos “se ha incrementado en un 40 a 50 %”.
Comenta que los juicios se han vuelto demorados ya que durante los meses en que la Función Judicial no atendió, se acumularon procesos que deben ventilarse antes. A esto se suma que los juzgados de la familia atienden con un 50 % de su capacidad, lo que retrasa los trámites.
Considera que la mejor forma de solucionar los problemas por las pensiones es llegar a un acuerdo de mediación que “es rápido y barato” ya que puede costar entre 5 y 25 dólares más la asesoría legal.
Pero no siempre las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo. Es el caso de Hugo Carrión, a quien le bajaron el sueldo durante la emergencia sanitaria y ha intentado desde abril que se le rebaje la pensión que paga a su hija de 5 años.
“Siempre he sido responsable con mis pagos a pesar de que no me dejan ver a mi niña, pero realmente no tengo como pagar el monto que estaba cancelando antes de la pandemia y no quiero tener que irme a la cárcel por una boleta” comenta.
Carrión espera un turno para una segunda audiencia, ya que en la primera no pudo demostrar la reducción del sueldo pues en el mecanizado del IESS el salario no había cambiado y requirió una certificación de la empresa para la cual labora.
Delgado advierte que la emisión de boletas por no pago de pensiones alimenticias está vigente, y que de no llegar a un acuerdo entre las partes o iniciar un proceso judicial, el alimentante puede ser aprehendido, con el riesgo de contagio que esto representa. (JMM) (I)
