OPINIÓN|
Luego de más de dos décadas de intentos por frenar la actividad minera en la provincia del Azuay, los grupos defensores de los derechos del medio ambiente aplauden el fallo de la Corte Constitucional. Esta resolución da luz verde a una Consulta Popular que plantea prohibir la fase de explotación de las mineras a mediana y gran escala, que afectan las cinco zonas de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay, en nuestro cantón.
De esta manera, los derechos de los pueblos y de la naturaleza se imponen marcando un hito histórico en Ecuador, abriendo una puerta para que los habitantes de los territorios afectados sean quienes decidan sobre las condiciones de vida que aspiran tener, viviendo en un ambiente impoluto, libre de contaminación, sin aceptar ni doblegarse a lo que disponen arbitrariamente desde las esferas gubernamentales. Debemos tener claro que la pregunta de la Consulta se refiere a la no explotación, más no a la cancelación de las concesiones mineras. Es decir, de ganar el SÍ en la Consulta, estaríamos impidiendo que las concesiones ya otorgadas por el gobierno no puedan proceder a explotar ningún mineral por no haber llegado todavía a esa fase. El único proyecto al que no afectaría un resultado positivo de la Consulta sería el de Río Blanco que ya entró a la fase de explotación y, que al momento, está suspendido por un tema legal.
Este hito se convierte en un referente para que las generaciones presentes y futuras sigan en pie de lucha por sus derechos y los del medio ambiente, haciéndolos respetar, defendiendo el derecho a la vida y a la no intervención ni contaminación de las fuentes hídricas, ni de los páramos, previniendo así riesgos humanos y desastres ecológicos irreversibles. La naturaleza es tan pródiga con nosotros que lo menos que podemos hacer por ella es cuidarla y defenderla.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá elaborar un cronograma para llevar a cabo la Consulta Popular en la que se incluyan las cinco preguntas en las próximas elecciones presidenciales del 2021. En cuanto al GAD de Cuenca que tiene la competencia para conceder el permiso del uso del suelo para la infraestructura minera, estaremos vigilantes de que no lo haga. Nuestra voluntad es firme y clara. Nuestras fuentes hídricas son sagradas. (O)
