Como discriminatorio, una burla y un balde de agua fría calificaron los profesionales y trabajadores del área de la salud al Reglamento de la Ley Humanitaria, pues contradice lo que establece la norma y les retira los beneficios que se les había otorgado por haber enfrentado la covid-19 durante la época más complicada de la pandemia. En respuesta, se anuncia marchas de protesta.
Es que mientras la Ley de Apoyo Humanitario otorga estabilidad laboral, a través de nombramientos definitivos, a todos los trabajadores y profesionales de la salud que hayan laborado durante la emergencia sanitaria del coronavirus con un contrato ocasional o nombramiento provisional en la Red Pública de Salud y sus respectivas redes complementarias; el Reglamento pone condiciones para acogerse a este beneficio.
En primer lugar, se señala que los nombramientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de los centros médicos y tras contar con certificación presupuestaria de ingresos permanentes, es decir si la institución cuenta con los fondos necesarios. Además, solo se considerará a trabajadores y profesionales en funciones relacionadas directamente a la atención médica a pacientes con diagnóstico de covid-19.
Más de 200 organizaciones de profesionales y trabajadores de la salud de todo el país se reunieron ayer para informar sobre acciones que emprenderán para lograr que se respeten sus derechos, pues los despidos, argumentando la falta de presupuesto, han empezado. La próxima semana irán a Quito, además han solicitado medidas cautelares y pedirán la inconstitucionalidad de lo actuado, pues un reglamento no puede modificar una ley.
Para Cristina Camino, representante de la Asociación de los Profesionales del Seguro Social Campesino, el Reglamento es una “burla” a su sacrificio, sobre todo para quienes se han enfermado e incluso fallecido y que “soñaban con la estabilidad», que en su caso no ha podido alcanzar tras 10 años de servicio.
Por su parte el asambleísta Homero Castanier (CREO), miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, en la que se tramitó la norma, aseguró que este cambio en el Reglamento afecta a 18.660 personas que según la norma debían recibir, de forma automática, su nombramiento definitivo, por lo que junto con el presidente de esta Comisión, Esteban Albornoz, solicitará al pleno de la Asamblea la emisión de una resolución de protesta ante lo sucedido.
“Yo no sé a qué se juega, nosotros dimos nuestra cuota como legisladores, legislando con responsabilidad, los trabajadores de la salud deben ser reconocidos por la exposición al virus a la que se sometieron y que incluso pudieron llevar a sus casas, a sus familias”, señaló Castanier.
Por su parte la legisladora María José Carrión (Alianza PAIS), integrante de la Comisión de los Trabajadores, afirmó que presentará un recurso objetivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se declare ilegal el Reglamento, por contradecir a la Ley y después de seis meses de emitido el documento presentará una acción de incumplimiento por no respetar lo que exige la normativa.
Postgradistas lograron objetivos
Las jornadas de protestas en varios lugares del país rindieron frutos para los médicos postgradistas del país, el Reglamento de la Ley Humanitaria reconoce sus derechos y señala que quienes se encuentren prestando sus servicios en el Sistema de Salud desde la declaratoria de la emergencia hasta la emisión del reglamento suscribirán un contrato de servicios ocasionales en escala de servidor público 7.
Aunque Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, resalta a lo obtenido como un reconocimiento a su sacrificio durante la pandemia, sin embargo, el Reglamento prohíbe abrir nuevos cupos para estudiantes de especialidades en el área de salud bajo la modalidad de “autofinanciados”, lo que bloquearía el ingreso de este tipo de estudiantes a la Red de Salud Pública, a menos que cuente con una beca, lo cual se complica ante la situación económica del país.
