El primer aniversario de los violentos disturbios de octubre de 2019 encuentra a Ecuador en un ambiente de no menos crispación por la proximidad de las elecciones y tras la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana.
En un país acostumbrado a turbulentos cambios políticos y a protestas, el aniversario de los disturbios pasa desapercibido, sobre todo «por el COVID» y porque «a estas alturas los diferentes actores y sectores están con la mira en las elecciones de febrero», explicó a Efe el politólogo Santiago Basabe.
Ningún homenaje, ninguna concentración, ningún acto reivindicativo hasta este sábado de unos hechos que dejaron una decena de muertos y más de 1.500 heridos, y que reflejaron las disparidades sociales y el hartazgo de todo tipo de grupos por las razones más dispares.
Historia de un estallido anunciado
Las protestas siguieron a la cancelación el 1 de octubre por el presidente, Lenín Moreno, de unos históricos subsidios a las gasolinas, respondida por los sindicatos con la convocatoria de paros y concentraciones. El día 3, Ecuador era un país en caos.
Piquetes en carreteras y cruces, marchas, parones y todo tipo de brotes de insatisfacción que hacían aflorar el descontento social por una crisis económica heredada del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y que obligada a recortes por una abultada deuda de más de 55.000 millones de dólares.
Unos meses antes, para obtener 10.200 millones de asistencia, el Gobierno ecuatoriano había llegado a un acuerdo con el FMI que exigía desinflar la engordada maquinaria administrativa estatal, reformas laborales, fiscales y estructurales.
Reformas que, sumadas a la desaceleración, pusieron la careta del FMI al blanco de las protestas, que más tarde tuvieron eco en Chile.
No se trató de «un levantamiento de pronto, no era una huelga únicamente, ni una paralización, ni un paro», aseguró a Efe el dirigente indígena Leonidas Iza.
Fue, a su juicio, «un estallido social» en el que afloraron los descontentos de años, quizá décadas, por todo tipo de razones.
Y es que lo que comenzó como una protesta de grupos sindicales y de izquierdas, se convirtió rápidamente en una olla a presión con demandas dispares por la igualdad, trabajo, educación, conservacionismo, lucha contra la corrupción, y el final del extractivismo minero y petrolero; todo, conectado a una misma mecha.
La tensión continúa
El decreto presidencial fue en ese sentido el «factor X» que catalizó la unión de «luchas previas que se venían dando», abundó Iza, coautor del recién publicado «Estallido», una descripción de cómo el movimiento indígena encabezó esas protestas.
Pero Moreno también responsabilizó de la violencia más extrema a grupos correístas que, respaldados supuestamente por regímenes como el de Venezuela o Cuba, habrían impulsado los enfrentamientos contra las fuerzas del orden con el presunto objetivo de derrocar su Gobierno de cambio después de diez años de la llamada «Revolución Ciudadana (RC)«, que Correa dirigió entre 2007 y 2017.
La tensión provenía del rápido cisma ideológico entre los dos antiguos aliados, que se agravó con la apertura de una serie de procesos judiciales contra exaltos funcionarios acusados de corrupción, incluido Correa.
Y aunque el recuerdo de aquellos hechos no haya aparecido más que en un libro y algunos artículos de prensa, la crispación de entonces sigue latente agravada por el coronavirus, con protestas de baja intensidad que salpican el país y un exacerbado discurso político de cara a los comicios.
«Básicamente la confrontación será entre correísmo y anticorreísmo», sentencia Basabe, para quien «no hay debate en torno a la visión valórica del país» porque «tanto (Guillermo) Lasso, (líder centroderechista) como la gente de RC son conservadores y tradicionalistas».
La lucha es por «los modelos económicos y políticos de los diez años de RC (el modelo correísta) frente a la propuesta más aperturista de Lasso».
Las elecciones están convocadas para el 7 de febrero, y vienen marcadas por la inhabilitación política de Correa como aspirante a la Vicepresidencia tras una condena por cohecho que él atribuye a una «persecución política».
De vuelta a empezar
Y si las duras exigencias del acuerdo con el FMI en 2019 fueron detonante del estallido social, su primer aniversario coincide paradójicamente con el anuncio de un nuevo marco por el que la entidad concede 6.500 millones de dólares al país suramericano.
El nuevo préstamo debe permitir «restablecer la estabilidad macroeconómica» y «asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas», según el Fondo, que recordó que Ecuador «se ha comprometido a deshacer las medidas relacionadas con la crisis a medida que la economía comience a recuperarse».
Frente a posibles críticas, el ministro de Economía, Richard Martínez, explicó que el plan tiene un importante componente social para ampliar las ayudas sociales de «1,13 millones de hogares pobres» a casi 1,6 millones «hasta el primer trimestre del 2021».
El dinero también permitirá «reducir obligaciones pendientes» como el pago atrasado a «proveedores, jubilados, gobierno locales y Seguridad Social», «reactivar la economía», «aumentar la protección social» y «fortalecer la dolarización», con el fin de dejar al próximo Ejecutivo sin el lastre inmediato de una deuda como la que heredó Moreno en 2017. EFE
