Podría entenderse este titular como actividades que ha realizado esta institución para combatir la corrupción o como leyes que se elaboran con este propósito. En este caso nos referimos al elevado número de asambleístas que están siendo investigados por ser autores –según la fiscal unos 40- de acciones corruptas. El poder legislativo está integrado por seres humanos y es explicable que entre sus integrantes hayan cometido delitos, con frecuencia abusando de su condición como ha ocurrido en el pasado. Pero el número de investigados y condenados por este tipo de acciones penales en la actual asamblea es insólito, lo que incrementa la desaprobación y desconfianza ciudadana en este cuerpo colegiado.
Los casos investigados, juzgados y sancionados, son de diversa índole como los famosos “diezmos” -herencia del correato- para obligar a quienes fueron nombrados para cargos administrativos a pagar una parte de sus ingresos a los “benefactores”. Estafas grotescas e inhumanas como la del dinero dedicado a la construcción del hospital de Pedernales sobrepasan los límites de la dignidad. Es normal que en una democracia haya diálogos entre integrantes del ejecutivo y legislativo para llegar a acuerdos, pero que estos diálogos se ensucien con entrega de áreas administrativas importantes, como salud, repugna-.
Podemos encontrar en esta miseria elementos positivos, como que se denuncie, analice y, si es pertinente, se tomen medidas sobre los infractores, al margen de la inmunidad parlamentaria –que algunos la identificaban con impunidad- y haya pasos para que la ley no exima de su cumplimiento y actos ilícitos a persona alguna. Impedir la investigación por parte del Estado y la complicidad de una justicia “complaciente” como ocurría antes, creemos que –sin llegar a la plenitud- se ha superado. Un arma eficaz para combatir la corrupción, es la aplicación de las leyes sin temores ni excepciones. Esperamos que, quienes aspiran a legisladores, dejen de creer que se trata del ingreso a la cueva de Alí Babá.
