OPINIÓN|
Un tema recurrente es la necesidad de la independencia de la administración de justicia. Para ilustrar el tema, recordemos que en octubre del 2019 se experimentó una escalada de violencia inusitada, la Contraloría fue incendiada y dos policías fueron quemados vivos por una turba que pretendía la caída del gobierno. No hay autores de esos delitos. Se acusa a la Policía del uso desmedido de la fuerza, cuando la sociedad toda fue secuestrada. Lo sucedido fue un ejemplo lamentable de la impotencia de la ley frente al terrorismo. “El Estado en la Historia” por Gastón Leval aporta un amplio estudio histórico sobre el poder, cuando precisamente la ley regula la conducta social e individual. Cabe entonces preguntar: ¿los jueces qué dicen ante los delitos causados en esos días?
Estimo que la clave, se encuentra en el justo orden social; y entre otras precisiones, saber distribuir el poder público, siendo la potestad judicial la columna vertebral del Estado de Derecho, lo que significa una nueva Constitución con la clara definición de las competencias y atribuciones de cada organismo.
Corresponde a la Función Judicial aplicar la ley y garantizar el cumplimiento de la palabra empeñada. Recordando lo enunciado, tengamos presente que el Congreso o Asamblea debe legislar y la función ejecutiva administrar los bienes y servicios públicos. En el proceso de asunción de la sociedad civil al pleno ejercicio de la Democracia, el vector imprescindible es la correcta aplicación del Derecho. La certeza que ofrece el Derecho radica en la Ley y en Jueces probos, insisto en la probidad porque es imprescindible y siempre debe ser exigida. Aquí se encuentra el punto básico de la seguridad Jurídica. (O)
