OPINIÓN|
La justicia, al fin libre de las órdenes de Carondelet, juzgó y sentenció a Correa como delincuente. Los ecuatorianos deseamos el cumplimiento cabal de lo sentenciado y que vaya a la cárcel a pagar por sus delitos, por llevarse, él y su pandilla, dinero público y corromper al país. A Lenin Moreno le pidió un favor al dejarle en la Presidencia gracias al fraude consumado por un tal Juan Pablo Pozo. El favor consistía en que “protegiera a los compañeritos” –obviamente él era uno de estos- cuando llegara el momento. Curiosamente Moreno no cumplió el pedido y una parte de los delincuentes ya están sentenciados.
Una de las sanciones para Correa y Glas consiste en la suspensión de la pensión vitalicia que el Estado concede a quienes han sido Presidentes y Vicepresidentes. Y esa pensión se entrega inmerecidamente a personas que han estado pocos días en esos cargos, a quienes salieron huyendo y cargados de billetes del fisco, etc.
Pues ahora el delincuente Correa ha tenido la desfachatez de pedir, casi rogar y suplicar, que no le suspendan la entrega de algo más de 4.200 dólares mensuales a pesar de que en el ejercicio de sus funciones fue muy bien pagado y con todo lujo y a pesar de que tiene para disponer de enormes sumas que, con el pretexto de “acuerdos entre privados”, habrá recibido y escondido en algún lugar del mundo.
Si por su trabajo ganó un muy buen sueldo ¿a qué se debería el derecho, suyo y de los demás expresidentes a recibir en forma vitalicia una pensión? Él que decía buscar la igualdad de los ecuatorianos que una vez han cumplido sus trabajos no reciben ni un gracias, ¿por qué se cree con derecho a exigir un privilegio? Viene a ser como un enorme premio por el robo cometido de dineros del Estado por la pandilla. La disposición legal que eso permite debió ya ser derogada. (O)