La prefecta Cecilia Méndez, acompañada de los responsables de las áreas Jurídica y de Talento Humano, respondió a la queja que el personal despedido de la institución puso en la Defensoría del Pueblo.

“La institución está sobrecargada de personal y tiene que existir una regulación al respecto. Las desvinculaciones se han hecho en análisis, en racionalidad, pensando en esta institución y en el Azuay (…) Los funcionarios que han cumplido con su deber, y esta institución los requiere, se quedan”, fueron algunas frases con las que la prefecta Méndez justificó la decisión.

El proceso de terminación laboral, tanto de servidores como obreros, implica a 19 nombramientos de libre remoción, 10 nombramientos provisionales y 12 contratos ocasionales que suman 41 servidores.

Sin embargo, desde Talento Humano se explica que son 31 las desvinculaciones porque, en el caso de los nombramientos provisionales, lo que se hizo “fue ubicarlos en los puestos de origen, porque estaban encargados”.

La prefecta apuntó que si no se desvincula a tiempo a estas personas “tenemos que garantizar su estabilidad por un año más, considerando que la Prefectura está en una condición financiera sumamente crítica”.

Sobre extrabajadores con enfermedades catastróficas, mencionó que en la documentación del ingreso a la institución no se menciona nada de esto. Además que la Constitución cita derechos para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, pero no para enfermedades vulnerables.

La prefecta asegura que en época de pandemia «aparentemente se vincularon 99 cargos, sin la necesaria normativa jurídica».

El miércoles 14 de octubre, los trabajadores despedidos de la Prefectura acudieron a la Defensoría del Pueblo. Ellos sostienen que fueron desvicunlados sin una evaluación previa. (I)