Exempleados del Gobierno Provincial del Azuay presentaron ayer una queja ante la Defensoría del Pueblo. Aseguran que se vulneró sus derechos al despedirlos sin una evaluación previa y sin considerar su estatus.
Un grupo de exempleados, entre hombres y mujeres, llegaron a las oficinas de dicha institución pública, con las notificaciones de sus despidos, y en algunos de los casos, con pruebas de su condición de salud, pues aseguraron que sufren de enfermedades catastróficas. Dichos documentos fueron recibidos por Verónica Aguirre, defensora del pueblo zona 6.
«Me llega una notificación, pero sin justificación alguna. La prefecta Cecilia Méndez dijo que nos evaluarían, cosa que no hizo. Tenía que darnos a conocer los justificativos del porque nuestros despidos sea por falta de responsabilidad o por no cumplir con nuestras funciones», cita Martha Padilla, quien laboró como técnica administrativa en el Departamento de Género.
De su lado, Carolina Mejía, quien trabajó como asistente en la área Administrativa, indica que la prefecta en una reunión previa con empleados y trabajadores les había asegurado que no se dejaría llevar por temas políticos, sin embargo, «desde Secretaría nos entregaron las notificaciones del cese de nuestros contratos».
Asegura que las notificaciones de despido se darían desde la semana pasada, incluso desde el día posterior a que asumió el cargo la prefecta Méndez, luego de la renuncia del exprefecto Yaku Pérez.
Proceso
Verónica Aguirre, defensora del pueblo zona 6, pedirá una reunión con la prefecta Cecilia Méndez para conocer a detalle del porqué de los despidos. Esto, previo a iniciar un trámite de investigación defensorial para establecer que las resoluciones del Gobierno Provincial del Azuay estuvieron o no conforme a derecho.
Aguirre espera que dicho proceso legal esté listo en alrededor de ocho días «para que conozcan cuál es el pronunciamiento de la Defensoría”. (BPR)-(I)
