La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) reclamó este jueve justicia y una reparación integral por parte del Estado ecuatoriano para todas las personas y comunidades afectadas por las protestas de octubre de 2019 que, dice, vieron sus derechos vulnerados.
Un informe titulado «Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre», presentado por las 18 organizaciones que conforman esta alianza, sostiene que no se han investigado apropiadamente las reclamaciones de las víctimas.
Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de Inredh, dijo con base en datos proporcionadas por la Fiscalía General del Estado que se «ha abierto 819 procesos tanto para manifestantes como en contra de policías».
De estos procesos, añadió, «669 se encuentran en etapa de indagación previa» lo que «de entrada» implica que «ya hay 150 procesos (..) que están en el olvido».
La ola de disturbios generalizados que sufrió Ecuador en 2019 se produjo en la primera quincena de octubre a raíz de un decreto del presidente Lenín Moreno que anulaba el histórico subsidio a las gasolinas en el país.
Decenas de miles, primero convocados por sindicatos y grupos de izquierda, y después encabezados por el movimiento indígena, tomaron las calles para protestar, hasta que el presidente derogó el decreto.
En los disturbios murieron una decena de personas y 1.500 resultaron heridas, casi un tercio de ellas agentes de las fuerzas del orden, a las que Inredh acusa de violación de derechos y represión, que el Gobierno niega.
La ONG sostiene que su informe es un «ejercicio de memoria y aporte en la construcción de verdad, justicia y reparación integral para todas las personas, familias, comunidades y organizaciones que fueron afectadas durante el paro nacional».
Y que uno de sus fines es confrontar el discurso gubernamental, que «no reconoce su responsabilidad sobre hechos que configuran graves violaciones a derechos humanos ni los investiga diligentemente» argumentando que, en su lugar, «promueve procesos de criminalización contra líderes indígenas y sociales, así como manifestantes».
De los datos ofrecidos este jueves sobre los procesos abiertos «18 están en instrucción fiscal; 69 en preparatoria de juicio y 63 en juicio», dijo el ejecutivo.
Y agregó que «de los 819 procesos, 19 se dan por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público; 3 por muerte culposa; 8 por lesiones; 4 por homicidio; 6 por asesinato y 1 por abuso de arma de fuego».
Es así que solo «44 posiblemente están dirigidos a investigar la responsabilidad de miembros policiales y miembros de las fuerzas armadas», «apenas el 5% de los procesos abiertos por la fiscalía que involucran a sistemas de seguridad», denuncio el titular de Inredh.
En sus 101 páginas, el informe concluye que «el discurso gubernamental ha sido consistente en negar su responsabilidad sobre los hechos ocurridos, y hace 17 recomendaciones al Estado ecuatoriano y organismos internacionales.
Entre ellas la de que los operadores de justicia deben transparentar «el estado actual de las investigaciones y sanciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos» que se produjeron supuestamente en ese contexto.
También insta a reparaciones integrales a las víctimas y que el Estado «se abstenga de hacer un uso abusivo de la figura de estado de excepción», pues implica «retrocesos de derechos humanos, especialmente de los económicos, sociales y culturales».
A los organismos internacionales invita a «dar seguimiento a sus comunicaciones e informes relativos a los hechos acaecidos», además de requerir información sobre el cumplimento de garantías del derecho del «estado actual de los procesos de investigación y judicialización que involucren dirigentes indígenas, dirigentes sociales, defensoras/es de derechos humanos y manifestantes». EFE
