EDITORIAL|
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado por la euforia de que había que refundar la patria, camina a la deriva, víctima de su entreguismo en los primeros diez años, y ahora de ineficacia y de actos reñidos contra la ética.
Con su creación se castró la facultad del poder legislativo para designar a autoridades de importantes instituciones públicas, entre ellas a las de control.
Se pretextó que tales nombramientos eran parte de componendas. Sin que esto fuera una verdad absoluta, se pretendió que quienes aspiren a tales cargos lo hagan en base a sus méritos.
Empero, mediante remedos de concursos convocados por ese Consejo, lo que prevaleció fue la imponencia del Ejecutivo de aquel entonces.
Al actual Gobierno, el pronunciamiento popular le llevó a conformar un transitorio CPCCS y darle un giro importante. Pero también le sirvió para acoplar designaciones que favorezcan la salida de una “dictadura democrática” que tenía todo bajo su control, incluyendo a ese Consejo.
Sin embargo, lejos de cumplir con los retos que demandaba el país, sobre todo en materia de transparencia y control de la corrupción, el organismo ha ido de tumbo en tumbo.
El Ecuador sabe en qué devinieron las actuaciones del presidente post CPCCS transitorio: José Tuárez, el dominico que ahora está preso.
Su sucesor, Christian Cruz, tras ser sometido a juicio político ha sido destituido por la Asamblea Nacional por “incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria por carné discapacidad”.
Resulta contradictorio que un organismo llamado a luchar contra la corrupción, sus dos últimos titulares haya sido destituidos por actos reñidos contra la ley, la decencia y la ética.
En la Asamblea se tramita un proyecto de reformas para restarle atribuciones. Colectivos ciudadanos pujan para que el Ejecutivo convoque a consulta y sea el pueblo el que decida si ese organismo vale que siga o no siendo parte del ordenamiento jurídico del país.
