OPINIÓN|
Al cumplirse un año de las protestas sociales de octubre del año anterior, diversos actores sociales y políticos han vuelto en los últimos días a referirse a las mismas; y lo han hecho manteniendo sus posturas irreconciliables. Si para el Gobierno lo que se pretendió fue un golpe de Estado, para el movimiento indígena lo que se buscó fue la derogación de las medidas económicas tomadas. Si unos condenan el levantamiento por la violencia que provocó, otros condenan la represión por la secuela de muertos y heridos que dejó.
Sin embargo, un análisis objetivo permite explicar los sucesos de octubre de 2019 como una reacción social inesperada frente a inconsultas medidas económicas tomadas por el Gobierno de Moreno; medidas que sí oficialmente tenían el objetivo de enfrentar el déficit fiscal e incentivar la reactivación productiva, también iban a tener un gran costo social, especialmente por la eliminación del subsidio a los combustibles
Por otro lado, las protestas y la paralización que vivió el país durante aquel mes denotó la falta de democracia como mecanismo para el ejercicio del poder y para procesar los conflictos. Las medidas económicas que, por los graves costos sociales que algunas de ellas iban a generar, no debían ser impuestas sino dialogadas y acordadas previamente, sobre todo con los sectores sociales que iban a recibir esos costos. Aún más, la vía democrática era necesaria debido a que la legitimidad social del Presidente Moreno había caído, y cuando de manera reiterada éste había hablado de estar “abierto al diálogo”, de ser el “Gobierno de todos”, etc. etc.
Al no proceder de esta manera se producen las protestas sociales y, nuevamente, el Gobierno cometería el error de pretender enfrentarlas con la represión y la declaratoria del “estado de excepción”; situación que en vez de aminorar dichas protestas terminarían más bien acrecentándolas y provocando un círculo de más convulsión e inusitada violencia.
Empero, el alargamiento de las protestas sociales por más de diez días, que podían poner en riesgo la estabilidad del Gobierno, hizo que este se viera forzado a establecer un diálogo público con los representantes del Movimiento Indígena y a derogar el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. (O)
