La Comisión de Fiscalización se reunió para calificar el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. Además aprobó el cronograma de comparecencias, que empezarán el próximo lunes, y para el 5 de noviembre se tiene planificado la entrega del informe final en el que se recomendará al pleno de la Asamblea Nacional el archivo del caso o el enjuiciamiento de la funcionaria.
Pese a que los ponentes del caso, los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, presentaron el pasado 10 de septiembre un adendum para que en el proceso se incluya el supuesto reparto de hospitales e instituciones públicas a cambio de votos en el Legislativo, César Litardo, presidente de la Asamblea, no lo incluyó.
Esto imposibilitaría que la ministra sea procesada por este tema del que ha sido acusada por el exasambleísta Daniel Mendoza, procesado por el caso hospital de Pedernales.
Causales
Dentro de la causal de incumplimiento de funciones, en el pedido transferido del Consejo de Administración Legislativa (CAL) a la Comisión de Fiscalización, solo se incluyó el uso de bombas lacrimógenas caducadas, la falta de defensa a los periodistas y el ataque de la Policía a un centro de hospedaje de manifestantes. Todo esto ocurrió durante las protestas ocurridas en octubre de 2019.
Roberto Gómez no descarta que la decisión de no incluir el adendum sea deliberada por parte de Litardo, para blindar a Romo de estas acusaciones. Sin embargo, aclaró que la causal del proceso es el incumplimiento de funciones, por lo que las pruebas que se presenten pueden ser las recaudadas tras el paro de octubre, así como las encontradas posteriormente, siempre que se entreguen antes de que el funcionario presente sus pruebas de descargo. Con esta visión concordaron José Serrano (Alianza PAÍS) y Elio Peña (Pachakutik), este último preside la Comisión.
Contrapunto
Aunque están de acuerdo con que se investigue el supuesto reparto de cargos, Luis Pachala, coordinador del bloque de CREO, dejó claro que no están dispuestos a vulnerar la Ley de la Función Legislativa, que establece que un funcionario no podrá ser juzgado por un tema distinto por el que fue llamado a juicio, por lo que el tema deberá incluirse en un nuevo proceso.
Para Juan Cristóbal Lloret, coordinador de la Revolución Ciudadana, en el proceso se pueden incorporar nuevas pruebas. Sin embargo, advirtió que, si la Comisión decide no investigar el supuesto reparto de hospitales, solicitarán un nuevo juicio contra Romo, aunque se muestra optimista. “La Comisión de Fiscalización ya no es la que ella manejaba”, dijo.
Sesiones serán virtuales
La Comisión de Fiscalización también analizó el oficio mediante el cual la ministra María Paula solicitó que las sesiones del proceso en su contra sean presenciales, para que quienes la interpelen “den la cara y asuman la responsabilidad de lo que acusan” y “salgan de la comodidad que representan las sesiones vía Zoom”, lo cual no fue aceptado por la Comisión de Fiscalización.
La mayoría de los legisladores que integran dicha Comisión coincidieron en que el confinamiento obligatorio no ha significado comodidad, sino que se ha realizado para precautelar la salud.
“Ella no puede venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo, no estamos encerrados porque queremos estar cómodos, sino porque no queremos contagiarnos de un virus que es mortal y que el Gobierno no ha hecho nada para combatirlo”, dijo Mercedes Serrano (PSC). (ASM)-(I).
