Esa iniciativa se suma a la negociación ya pactada con la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford, mediante la cual el Gobierno garantizó 100 millones de dosis de otra vacuna que, al igual que la de Sinovac, se experimenta en Brasil, un país en el que la pandemia ya deja unos 154.200 muertos y 5,2 millones de contagios.
Pazuello hizo ese anuncio en una conferencia virtual con 24 de los 27 gobernadores del país, a los que aseguró que las vacunas compradas por el Gobierno federal serán distribuidas entre todos los estados, por medio del Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI).
«Tenemos la experiencia de todos los procesos de logística», que fue «conquistada a lo largo de 47 años con el PNI», dijo Pazuello en relación al programa de vacunación, creado en 1975 y considerado una referencia mundial por su alcance, en un país con unos 210 millones de habitantes.
Pazuello reiteró que la intención del Gobierno, aún pendiente de que la eficacia de los antídotos sea «comprobada científicamente», es comenzar a vacunar a la población brasileña a partir del próximo enero.
Sin embargo, tanto la vacuna de Sinovac como la de Oxford están aún en período de pruebas y, antes de ser suministradas, deberán ser certificadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y por el propio Ministerio de Salud.
A las compras ya pactadas por el Gobierno federal, se agrega otra adquisición de 42 millones de dosis acordada por adelantado por las autoridades regionales del estado de Sao Paulo, también con la china Sinovac.
En Brasil también se experimentan las vacunas que desarrollan los laboratorios Johnson & Johnson y el consorcio formado por BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos), en tanto que los estados de Bahía y Paraná se apresan a iniciar experimentos con la Sputnik V rusa.
Pese a las compras previstas, el Gobierno federal ha alertado de que la vacunación no será obligatoria, lo que ha generado polémicas, sobre todo entre el presidente Jair Bolsonaro y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, de centroderecha y antiguo aliado del mandatario, aunque enemistado desde el año pasado.
Doria anunció el pasado fin de semana que, al menos en el estado de Sao Paulo, sus 42 millones de habitantes serán obligados a tomar la vacuna, lo cual fue apoyado por los partidos progresistas y de izquierdas.
Bolsonaro, líder de una negacionista ultraderecha, respondió que la decisión sobre ese asunto le corresponde al Ministerio de Salud y que ya ha sido tomada. «No será obligatoria y punto final», declaró.
«Hay un gobernador que se titula como médico de Brasil y dice que será obligatoria, pero no lo será», apuntó Bolsonaro, aunque el asunto puede acabar en la Justicia pues, según la Corte Suprema, tanto los gobernadores como los alcaldes tienen el poder de decidir sobre los asuntos de salud pública en sus regiones.
