El Gobierno de Ecuador espera que la Interpol responda positivamente a una petición de la justicia del país andino y difunda una notificación roja para la detención del expresidente Rafael Correa, condenado en firme en un caso de corrupción en su país, que le ha apartado de la vida política.
Así dijo a Efe la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tras la reciente petición presentada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del Ecuador, y después de que otras dos peticiones en ese sentido fueran rechazadas por el organismo internacional.
«Espero, no solo a título personal sino también institucional, que Interpol recoja este pedido de la justicia ecuatoriana», dijo Romo al explicar que la diferencia entre la actual petición y otras dos anteriores es que, ahora, existe una «sentencia firme».
«Creería yo que esto lo hace diferente. Hemos tenido antes órdenes y eliminaciones de ficheros por prisiones preventivas, que es distinto, o por sentencias de instancias en donde todavía cabía una revisión», abundó la ministra.
Se refería a las peticiones de arresto presentadas contra el exmandatario (2007-2017) por violación de medidas cautelares en dos casos por los que era requerido en su país, en uno de los cuales ya ha sido condenado en las tres instancias pertinentes a ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación política.
El caso en cuestión, «Sobornos 2012-2016», versó sobre la financiación ilegal del movimiento Alianza País cuando Correa lo dirigía, y fue sentenciado como autor mediato en un proceso en el que han sido condenadas una veintena de personas.
Desde que dejó el poder, el exmandatario reside en Bélgica -de donde es oriunda su esposa- y se ha negado a regresar a Ecuador alegando que existe contra él y sus colaboradores una «persecución política».
Las peticiones anteriores de Ecuador a Interpol fueron rechazadas bajo el argumento de que «la retención de los datos» en el Sistema de Información del organismo «no era compatible con la obligación (..) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Ahora que existe sentencia en firme luego de que un Tribunal de Casación rechazara en septiembre un recurso de Correa, Romo dijo que esperaría que «Interpol colabore con la Justicia ecuatoriana como la Justicia ecuatoriana colabora con otros países, y como la Policía ecuatoriana colabora con sus pares en otros países».
Pero reconoció ser consciente de que «Interpol, en este caso y en algunos otros cuando se alega que hay alguna implicación política, opta por tomar una distancia, no intervenir, o en algunos casos incluso por eliminar de sus ficheros órdenes ya emitidas».
«Lamentablemente hemos visto esto no solamente en el caso de Correa sino en varios casos que tienen vinculaciones con cargos políticos y que han sido llevados ante la Justicia. (..) Así que los ejemplos no faltan, no son solamente ecuatorianos».
De hecho -apuntó- en la llamada «Comisión de Ficheros» del organismo «existe un número de abogados que litigan en este sentido contra Interpol para varios países».
E insistió en que espera que «este caso sea diferente» porque «existe una sentencia penal condenatoria que ha terminado ya todos sus procesos» y le parece que «ello va a merecer una revisión especial sobre el tema».
«Parece que esa diferencia podría hacer que hoy la orden de difusión tenga una firmeza que no tuvieron las anteriores, pero será Interpol la que tenga la última palabra», concluyó la ministra. EFE
