En una sesión virtual, la Cámara, de mayoría opositora, acordó crear este «observatorio del fraude electoral» que estará conformado por cinco diputados y cuatro representantes de la «sociedad civil».
Se trata de un «espacio de encuentro entre la Asamblea Nacional y la sociedad civil, que tendrá por objeto verificar la violación de derechos políticos en Venezuela», reza el acuerdo parlamentario que no tendrá efectos en la burocracia venezolana pues, según el Supremo, la AN está en desacato y sus actos son considerados nulos.
Esta instancia tendrá como objetivos «recopilar y sistematizar todas las violaciones» a la Ley de Procesos Electorales y a la Constitución del país «de manera que sea accesible para la comunidad nacional e internacional, y que sirva de referencia para establecer la responsabilidad de dichas violaciones».
De igual modo, el observatorio presentará «toda la información sobre la violación de los derechos políticos y el secuestro del voto libre como mecanismos para la reinstitucionalización del país».
Como tercera tarea, el grupo está llamado a «trabajar de manera activa en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional y la generación de mecanismos para buscar el efectivo ejercicio del voto libre en Venezuela».
El llamado a las urnas en Venezuela se inscribe en el vencimiento del período legislativo de la actual AN que debe cesar en funciones el próximo 5 de enero.
El jefe de la Cámara, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, lidera el llamado abstencionista para estas votaciones al considerar que con ellas el Gobierno de Nicolás Maduro busca liquidar a la oposición local.
La Unión Europea (UE) no reconocerá estos comicios al considerar que no están dadas las condiciones para que sea un proceso democrático, luego de no lograr convencer al Ejecutivo venezolano de postergar las votaciones unos seis meses para aceptar participar como observadores internacionales. EFE
