El 7 de octubre del 2019, durante las protestas contra el Gobierno Nacional fue detenido el comunero Víctor Guaillas.
360 días después, un tribunal lo sentenció a 5 años de prisión por el presunto delito de sabotaje, en un proceso que para la defensa deja varias incógnitas.
Ese día, comuneros de Molleturo se dirigieron hacia la zona baja de la provincia en donde se registraron altercados con agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que terminaron con daños contra un patrullero, además de 2 motos incendiadas.
No hay una hora exacta de la detención pero los abogados David Fajardo y Francisco Machado, consideran que se dio antes del mediodía.
Fue trasladado a un centro de detención en Naranjal y al siguiente día se dictaminó su prisión preventiva, aún cuando habían pasado las 24 horas que para esto determina la ley.
Guaillas es un campesino de escasos recursos de la parroquia Molleturo, por lo que no tuvo dinero para un abogado y se le asignó una defensora pública, quien no pudo probar que no había riesgo de fuga del comunero, por lo que se le dictaminó la cárcel mientras duraron las investigaciones.
El proceso se dilató, primero por la pandemia, luego porque fecharon la audiencia para el 10 de agosto sin darse cuenta de que ese día era feriado, y después porque la Fiscalía no logró reunir a sus testigos para que declaren.
Finalmente, el 3 de octubre, a 5 días de que Guaillas recobre su libertad por la caducidad de la prisión preventiva, el Tribunal de Garantías Penales de Durán lo encontró culpable de sabotaje y lo condenó a 5 años de prisión y el pago de 4.800 dólares.
Durante la audiencia, según resume el acta del Tribunal de Garantías Penales de Durán, donde fue procesado, no hay pruebas materiales de que Guaillas haya sido el autor de los daños a las motocicletas o al patrullero.
El único indicio son los testimonios de los agentes que lo detuvieron, quienes señalan que de entre un grupo de 50 personas lograron identificar a Guaillas con una caneca presuntamente de gasolina, sin que esta haya sido presentada como prueba.
También refieren que detuvieron a Guaillas cuando resbaló de un vehículo en el que se movilizaban los protestantes y no al momento de la quema de las motos. Testigos presenciales señalaron en la audiencia que el comunero no fue quien incineró los vehículos.
A pesar de que la sentencia al momento no está ejecutoriada y por tanto se caducó la prisión preventiva, Guaillas permanece recluido en la Penitenciaría de Guayaquil, en donde según sus familiares es extorsionado y está en riesgo de contraer la COVID.
Su situación es recogida en el informe ‘Verdad, Justicia y Reparación’ firmado por 18 organizaciones de derechos humanos y ha sido entregado a la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues abogados y familiares consideran que su detención y sentencia es un abuso del Estado. (JMM) (I)
