EDITORIAL|
Excepto uno que otro desmán en Quito, las protestas convocadas por organizaciones sindicales no marcaron un punto de partida para que se repitan aquellas violentas y desestabilizadoras efectuadas en octubre de 2019.
El derecho a protestar, no solo que es constitucional sino consustancial al ser humano cuando considere que, en este caso el Gobierno, dicta medidas económicas que le afecten.
El acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional, que le permite al Gobierno un poco de “oxígeno económico”, más que nada para pagar deudas; algunos artículos de la Ley Humanitaria; al igual que obligaciones financieras no canceladas por el Ministerio de Finanzas, abonaron la convocatoria a las protestas.
A la par, la crisis financiera del Estado hace agua por todo lado, pese a la reciente renegociación de la deuda con el mismo FMI; aunque intrascendente la que le permitió firmar con la suya la banca china, cuyo trasfondo no es criticado, pese a lo onerosa por los altos intereses.
De la profundización de aquella crisis financiera a causa de la pandemia siempre quedarán cortas las estimaciones. Sucede igual con el impacto en los hogares, en los sectores productivos, en los entes públicos, en fin, en todos los estamentos sociales y económicos del país. Es decir, todos.
Eso trae consigo mayor pobreza, más presión social y política al Gobierno que, acosado por el déficit fiscal, una pesada burocracia, nula acción para recuperar los dineros robados por la corrupción, y cobrar a los que adeudan al fisco, debe batirse con lo que tiene y le prestan.
El crecimiento económico del país no será el previsto para 2020, ni siquiera para 2021. Las cifras macroeconómicas no siempre se acomodan a la realidad de la gente. La inversión extranjera es mínima si se compara con la que llega a los países vecinos.
Tal es la realidad, no la utópica, sino la que se siente y se vive día a día. Será el próximo Gobierno el que la enfrente. He allí la ocasión para que los ecuatorianos, actuando con inteligencia elijan la mejor opción.
