Wilson Toainga, fiscal general subrogante, solicitó que los autores de las supuestas irregularidades detectadas en el caso Singue sean procesados por el delito de peculado (mal uso de fondos públicos), sancionado con ocho años de prisión, según lo establece el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En este caso se procesa al exvicepresidente Jorge Glas y los exministros de hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor, junto con 12 personas más.
El miércoles 28 de octubre se reinició la audiencia de este caso, que fue suspendida la semana pasada, en el que se investiga un supuesto perjuicio al estado de USD 28 millones 479 mil, debido al establecimiento de un precio por barril de crudo de USD 33,50, cuando lo correcto habría sido USD 34,50, pues no se tomó en cuenta la cantidad de reservas que contenía el bloque, lo cual afectó a la tarifa.
En sus alegatos finales el fiscal señaló que durante la audiencia de juicio se demostró que los procesados contaron con información privilegiada, lo cual benefició al contratista; que además los funcionarios sabían de la existencia de mayores reservas de las que se negociaron oficialmente y que se cometieron algunas irregularidades por parte de la empresa ganadora del contrato, pese a lo cual, no fue descalificada.
“Jorge Glas y Carlos Pareja, en virtud de su experiencia y con la información anticipada de la tarifa, tuvieron la potestad de no viabilizar el informe de la Comisión y descalificar la oferta, pero no lo hicieron. Además, todos los procesados conocieron la realidad circundante al proceso contractual y, varios de ellos, en su calidad de funcionarios públicos, tenían como obligación actuar con lealtad y fidelidad, precautelando el interés del Estado”, puntualizó Toainga. (I)
