La Corte Constitucional (CC) aceptó de forma parcial las demandas de inconstitucionalidad planteadas en contra del Decreto Ejecutivo 813, emitido por el expresidente Rafael Correa, en el que se estableció la compra de renuncias obligatorias, mediante la cual se desvinculó a cientos de funcionarios.
Según la sentencia, la figura de compra de renuncia con indemnización se mantendrá en el país, pero esta solo podrá ser voluntaria, pues se ordena eliminar la palabra “obligatoria” del artículo 8 del mencionado decreto.
En el dictamen de la C.C. se estableció que esta obligatoriedad “vulnera los derechos al trabajo y a la seguridad jurídica en relación con las normas de la Constitución que reconocen la estabilidad laboral de los servidores públicos y los principios de los derechos laborales».
Sin embargo, la resolución solo se aplicará en el futuro, pues los magistrados consideran que una aplicación retroactiva, como la que pretendía los accionantes, pues desde el 2011, cuando se emitió el documento, “se han implementado una serie de cambios de toda índole en la administración pública».
Además, se elimina la imposibilidad de que los funcionarios que fueron cesados por este decreto no puedan volver a trabajar en el sector público a menos que reembolsen al Estado el monto recibido como indemnización, no se les podrá exigir el reintegro de los valores pagados. (I)
