María Paula Romo, ministra de Gobierno, asumió la responsabilidad de las instrucciones y disposiciones operativas que se dieron durante las manifestaciones sociales ocurridas entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
Su declaración se produjo durante la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde -por más de cinco horas- presentó sus pruebas de descargo en el contexto del proceso para juicio político que se le sigue en su contra por supuesto incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de octubre de aquél año.
“Ratifico, defiendo, respaldo y me hago responsable de las instrucciones operativas y disposiciones operativas que se dieron en octubre. No son mi responsabilidad, no me llama cada policía para preguntarme si lanza o no una bomba lacrimógena, no me llaman para preguntarme si intervienen o no en un saqueo, así no funciona el
“Me hago responsable de instrucciones operativas que se dieron en octubre”
Ministerio. No es esa mi responsabilidad, pero la respaldo porque creo que ese es el respaldo que merece la Policía”, dijo.
Romo compareció por videoconferencia desde uno de los salones de la Presidencia de la República, donde estuvo acompañada, a su derecha, de un grupo de oficiales de la Policía, entre ellos el comandante general Patricio Carrillo, y el coronel Christian Rueda, uno de los ocho uniformados que permanecieron retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), el 10 de octubre del año pasado.
La intervención de la funcionaria de Estado fue transmitida por la dirección de Comunicación del ministerio a través de sus redes sociales, y replicada por la Secretaría de Comunicación.
Sobre un podio con el logo de la Presidencia de la República, María Paula Romo, tenía varios documentos, fotos y carpetas con lo que respaldó su intervención, y fueron proyectadas en una pantalla gigante.
Ante la insistente pregunta de Rodrigo Collahuazo, asambleísta afín al correismo, acerca de quién fue la responsabilidad de los hechos de octubre, la ministra ratificó que si en el país se vuelve a repetir un escenario de esa naturaleza, no se quiere una Policía que dude de que su deber es cumplir la ley, y que contará con el respaldo de instituciones democráticas para hacerlo.
“Esa es mi responsabilidad, insistió; si usted está buscando quién es el responsable de haber evitado ese golpe de estado puede señalarme a mí, si está buscando quién respalda las actuaciones de la Policía en el marco de la ley, puede señalarme a mí”, le respondió Romo a Collahuazo.
Sin embargo, ante el cuestionamiento de la legisladora Amapola Naranjo de si se dio instrucciones de lanzar bombas en las inmediaciones o dentro de los lugares donde se hallaban los manifestantes, Romo aseguró que no hubo esa disposición, ni desde su despacho, ni desde ninguna otra instancia del gobierno.
“La disposición expresa fue que la Policía no se acerque a determinados lugares, no hubo ninguna incursión donde hayan estado los manifestantes”, Lo que la Policía hizo fue evitar que sigan escalando actos violentos, señaló. Detalló que durante los hechos de octubre, la Policía utilizó aproximadamente 40 mil gases lacrimógenos en todo el país.
Tras escuchar las pruebas de descargo de la ministra, la Mesa de Fiscalización de la Legislatura se pondrá en la tarea de elaborar en los próximos días un informe que recomiende al pleno de esta función del Estado el inicio del juicio político o su archivo. (SCC)-(I)
“Solo una prueba de descargo”
Roberto Gómez, uno de los asambleístas interpelantes, cuestionó a la ministra Romo de que la única prueba de descargo que ha presentado es un oficio donde da a entender que ha leído muy poco el proceso de juicio político.
“Ministra, usted está siendo juzgada por jueces políticos y debe entenderlo así”, le increpó, al advertir que en el marco de su defensa ha emitido versiones contradictorias, y “permanentemente” intenta utilizar a la institución policial como “escudo político”.
Según este legislador, la ministra debe dejar de “abusar del control que tiene sobre la institución”, expresó. (I).
