Víctor Granda, padre, y uno de los abogados de Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), procesado en Guayaquil por presunta delincuencia organizada, pide que para evitar la nulidad del juicio sea trasladado por razones de fuero a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que el juicio tenga “plena validez”.
El propósito -explicó- es que no se alegue que no se respetaron las normas legales vigentes, “y que otros quieran beneficiarse de la nulidad del juicio”, ya que los hechos que se investigan se dieron en 2018, y si bien el periodo que plantea la fiscal Claudia Romero es de 2016 a 2020 pero los convenios de pago irregulares por más de 140 millones de dólares que se suscribieron en los hospitales del Seguro Social en Guayaquil se dieron en 2018.
En esa época, Paúl Granda no estaba en el Consejo del IESS, sino que era ministro de Obras Públicas, ministro de la Política y encargado del ministerio de Justicia. “Por razón de estos hechos, él tiene fuero de Corte Nacional”, insistió Victor Granda.
Sin embargo, Wilman Terán, juez de la CNJ que recibió el proceso el viernes pasado, “apresuradamente, según nuestra opinión, antes de la 1 de la madrugada y luego de recibir una certificación cuatro minutos antes del actuario de la causa, procedió a no aceptar el fuero señalando que el presidente del Consejo del IESS no tiene fuero de Corte”.
A criterio de Víctor Granda, el magistrado se contradice al decir que el fuero debe corresponder al tiempo de los hechos. “Pero yo estoy señalando que los principales hechos de esta supuesta delincuencia organizada se dieron en 2018”.
Lamentó que Terán haya resuelto devolver el expediente al juez de Guayaquil, Ronald Guerrero, antes de que se ejecutorie la petición de revocatoria de su auto. Aseguró que en 2019, Granda removió a los funcionarios que firmaron esos convenios de pago. (SCC)-(I)
DATO Juan Carlos Salazar, y Guido Escobar, también forman parte del grupo de abogados que defienden la causa del exdirectivo del IESS
