Una iniciativa en la Asamblea Nacional, busca la aprobación de la denominada Ley de Extinción de Dominio, cuyo propósito es determinar el fin de la posesión y propiedad de los bienes, que fuesen adquiridos mediante actos ilícitos, es decir de corrupción. Este proyecto para sus impulsadores, resulta urgente a la luz del deprimente panorama que se advierte en cuanto a bienes que son de propiedad de elementos que han sido, inclusive juzgados y sancionados por delitos de corrupción, mediante la apropiación ilícita de recursos públicos.
Sin embargo, estos ciudadanos enjuiciados y sentenciados por tales ilícitos, continúan en la posesión tranquila y el disfrute sin reparos de aquellas propiedades y más bienes, producto de estos ilícitos, y siempre tienen el recurso de poner a nombre de otras personas estas propiedades, para así evitar que la mano de la justicia llegue a estos bienes.
Lamentablemente, existe una sospechosa parsimonia de parte de no pocos legisladores, que, si bien al parecer han manifestado formalmente su apoyo al proyecto legal en referencia, en la práctica, dan largas al asunto. Recientemente, el titular de la Legislatura mantuvo una reunión reservada con los jefes de los distintos bloques parlamentarios, a propósito del proyecto de ley de Extinción de Dominio, lo cual ha generado las más diversas sospechas en torno a eventuales reparos o dilaciones a un proyecto tan necesario y urgente.
El país requiere de instrumentos legales como el citado, que impidan el ilícito disfrute de la posesión de bienes, cuyo origen es delictivo, es decir adquiridos mediante el producto de considerables perjuicios al Estado, es decir a toda la ciudadanía del país que es víctima inerme de la corrupción enraizada en algunas áreas del sector público.
Es necesario, por lo tanto, que el presidente de la Asamblea Nacional y los jefes de bancada, así como los parlamentarios en general, ofrezcan señales inequívocas de que esta ley será aprobada sin dilaciones ni subterfugios.
