María Paula Romo, ministra de Gobierno, será sometida a juicio político ante el pleno de la Asamblea Nacional, según lo determinó un informe aprobado ayer por la Comisión de Fiscalización, en el que se recomienda la destitución por incumplimiento de funciones.
Inicialmente las causales del juicio fueron tres: el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes; el lanzamiento de estas bombas a centros de acogida humanitaria y la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas; sin embargo, esta última fue desvirtuada, pues se demostró que el responsable de este llamado era el secretario de Comunicación y no la ministra de Gobierno.
La moción
La moción en contra de Romo fue presentada por el asambleísta Dennis Marín (PSC), que recibió el apoyo de su compañera de bancada Mercedes Serrano; de Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña, de CREO; de Esteban Melo y Bairon Valle, de la Revolución Ciudadana; de Elio Peña y Jaime Olivo de Pachakutik; y de José Serrano de Alianza País. En total, 9 votos a favor.
Sin embargo, Noralma Zambrano (AP) y Franco Romero (BADI), aunque aceptaron que las dos causales del juicio efectivamente se ejecutaron, no fueron responsabilidad de la ministra Romo, sino de las autoridades policiales.
El informe
De acuerdo con el informe que pasará al pleno del Legislativo, los interpelantes: Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo, lograron probar que Romo cometió una ilegalidad al permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas, lo cual, según análisis presentados por los legisladores, pudo haber causado daños no solo a los manifestantes, sino incluso a los policías.
De esta forma, se desvirtuó los estudios presentados por la ministra, provenientes de un experto de la fábrica de muni ciones Santa Bárbara y de la empresa fabricante del material disuasivo, que señalaban que los artículos no significaban un peligro para los humanos.
Tanto en el uso del material disuasivo, como en la segunda causal, que involucra el lanzamiento de bombas lacrimógenas en el interior de los centros de descanso de los manifestantes, en el informe de la Comisión de Fiscalización se señala como responsable de lo sucedido a la ministra Romo, por ser quien dirige el ministerio rector de la seguridad ciudadana.
Defensa
Sin embargo, durante el proceso de sustentación la funcionaria negó conocer estos hechos antes de que se ejecuten y dijo que no los autorizó, lo cual fue ratificado por Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional.
“La Ministra de Gobierno manifiesta que no conoció de la utilización de gases caducados para el control de las manifestaciones de octubre del 2019; pero, de haberlo conocido, afirma, que no hubiera dudado en autorizar su utilización, ya que el no hacerlo hubiera implicado el uso de armas letales o dejar sin protección a la ciudadanía”, resalta el informe que deberá ser debatido en el pleno cuando César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, lo coloque en el orden del día. Quito. (ASM) -(I)
