La soledad del mandatario, que no cuenta con un solo diputado oficialista en el Congreso que hará de juez y parte en este juicio político, habilita que cualquier resultado pueda producirse en esta votación, marcada además por la filtración constante de documentos de la investigación contra Vizcarra que alimentan su debilidad.
Estos son algunos aspectos claves que explican la frágil situación.
1.- ACUSADO
El pasado 18 de septiembre se filtró una serie de declaraciones a la fiscalía de varios aspirantes a colaborador eficaz -delatores que ofrecen información a cambio de beneficios legales- en las que acusaban a Vizcarra de actos de corrupción cuando éste era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).
Vizcarra habría recibido, según estas acusaciones, hasta 2,3 millones de soles (unos 650.000 dólares) para conceder dos obras públicas, el hospital regional de Moquegua y una de irrigación.
Las acusaciones, ni corroboradas ni aceptadas aún por la Fiscalía como válidas, provienen de tres testigos cuyo nombre no ha sido hecho público, si bien todo indica que entre ellos se encuentra José Hernández, exministro de Agricultura en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y amigo personal de Vizcarra.
Hernández habría sido el contacto del mandatario con los empresarios que pagaron la coima y coordinó reuniones en las que, entre otras cosas, el presidente habría recibido el dinero en efectivo.
Vizcarra niega las acusaciones y las considera un intento de desestabilizar al Gobierno y, entre otras cosas, afirmó que su relación con Hernández no va más allá de contactos profesionales.
Sin embargo, en la noche de este domingo otra filtración dio a conocer al país conversaciones privadas entre Vizcarra y Hernández que revelan una proximidad mucho mayor que la reconocida hasta el momento por el mandatario.
2- CONGRESO ATOMIZADO
El Congreso que votará la destitución de Vizcarra, bajo la controvertida fórmula de declararlo “incapaz moral”, que está en revisión por el Tribunal Constitucional, está completamente atomizado en nueve bancadas y cuatro diputados no agrupados.
A su vez, es rara la bancada que tiene una visión única sobre la vacancia, como se conoce en Perú a este juicio político.
Lo único claro de la situación es que este parlamento, que surgió de las elecciones extraordinarias de enero de 2020, no cuenta con un solo diputado “oficialista”, reflejo de la extraordinaria soledad política del mandatario.
En septiembre de 2019, amparado por la Constitución y un abrumador respaldo popular, Vizcarra disolvió el Congreso que desde 2016, dominado por el fujimorismo, había torpedeado deliberadamente al Ejecutivo en su lucha declarada contra la corrupción, y convocó nuevas elecciones.
Esa maniobra parece que no salió como se esperaba, pues los nuevos diputados, cuyo mandato solo durará hasta julio de 2021 y que no pueden presentarse a la reelección, han resultado completamente impredecibles, mucho más pendientes de cumplir objetivos inmediatos y establecer posiciones políticas internas que a desarrollar políticas de Estado.
El pensamiento inmediato cobra mayor relevancia ante las inminentes elecciones generales que se disputarán en abril de 2021, donde se elegirá al nuevo presidente y al nuevo Congreso que gobernarán Perú hasta 2026.
3.- OTROS INTERESES
Además, más allá de la lucha contra la corrupción que los diputados esgrimen para impulsar el proceso contra Vizcarra, a nadie se le escapa que existen otros intereses en el seno de los partidos que marcan la toma de decisiones al respecto.
Unión por el Perú (UPP), ultranacionalista y populista, es el principal promotor de la destitución. Su líder “espiritual” es Antauro Humala, exmilitar y hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado a 19 años de prisión por una asonada golpista.
Antauro, desde la cárcel, ha pedido a sus diputados que presionen para destituir a Vizcarra y poner en su lugar a un presidente que lo amnistíe para que pueda presentarse a las próximas elecciones generales.
La lucha contra la corrupción que exhiben como bandera choca con la situación de su líder en la cámara, Edgar Alarcón, un exprocurador acusado de graves delitos de corrupción al que el Congreso parece mirar con diferente rasero que a Vizcarra.
Otro ejemplo es Acción Popular (AP), el grupo con más escaños, dividido en pugnas internas y en donde son cálculos de poder y proyección los que parecen dictar la posición de sus diputados.
El presidente del Congreso, Manuel Merino, que es de AP, asumirá la presidencia de la República si se destituye a Vizcarra, y muchos temen que ese paso, muy impopular según las encuestas, dañe las opciones electorales del grupo en las elecciones de abril.
Podemos Perú apoya la destitución de Vizcarra, más aún después de que esta semana la fiscalía ordenara el arresto de su fundador, José Luna Gálvez, acusado de haber corrompido a funcionarios para lograr la inscripción electoral de su partido.
Luna es dueño de la universidad Telesup, deshabilitada por incumplir los más mínimos estándares de calidad, lo que ha llevado a constantes intentos de su grupo para desmontar la reforma educativa impulsada por el Gobierno.
Sin embargo, en el Congreso, el portavoz de este grupo es el exgeneral Daniel Urresti, sobre el que pesan acusaciones de asesinato, y uno de los más populares candidatos a la presidencia de cara a las próximas elecciones, quien afirmó que votará en contra de la vacancia.
4.- CONTAR VOTOS
Con esta situación, el desafío es poder contar los votos, ya que para destituir al mandatario hace falta que 87 de los 130 diputados voten afirmativamente.
En septiembre, el anterior intento de vacancia presidencial impulsado por los congresistas vinculados al caso de la polémica contratación del cantante Richard “Swing” Cisneros en el Ministerio de Cultura, se saldó con un gran fracaso.
Las acusaciones contra el mandatario son ahora aparentemente más sólidas y graves, pero también es cierto que en muchos grupos está pesando la responsabilidad política para evitar la inestabilidad.
El balance costo/beneficio de una destitución es lo que más pesa, en plena pandemia de covid-19 que ha arruinado la economía y convertido al país en el líder mundial en muertes por la enfermedad.
Así, quienes sostienen el no a la vacancia insisten en que Vizcarra debe ser juzgado cuando deje el poder en julio de 2021 y no antes, para evitar una mayor desestabilización.
Varios parlamentarios anunciaron que su interés principal es escuchar primero a Vizcarra y luego tomar una decisión.
Otros apuntaron que si bien pensaban votar en contra, la revelación de cualquier otro hecho con respecto al caso podría cambiar su posición.
En este sentido, entran en juego la difusión anoche de una serie de conversaciones entre Vizcarra y Hernández, que revelarían una mayor proximidad que la confesada por el mandatario.
Si esos diálogos son considerados lo suficientemente graves por los diputados, la destitución estaría más cercana. EFE
