Las acusaciones contra la ministra de gobierno son definitivamente controversiales. Las movilizaciones de octubre del 2019, mas allá de la legitimidad o no de la protesta social, estuvieron caracterizadas en muchas instancias por actos de vandalaje y, sin discusión, hasta de tinte delincuencial, que fueron aceptados por los mismos dirigentes indígenas, responsabilizando de los mismos a “infiltrados” y con obscuros propósitos. El incendio provocado en el edificio de la contraloría, el atentado contra teleamazonas y la agresión salvaje a un periodista, no son sino muestras de lo aseverado. Que pueden haberse dado excesos por parte de la fuerza pública y que son reprochables, pueden haberse dado, pero lo que queda en la mira de la mayoría de ecuatorianos es que, si no se lograba controlar los desmanes y el caos, quién sabe cuál hubiese sido el epilogo de los hechos violentos. El juicio político a la ministra ha perdido oportunidad, es extemporáneo y muy pocos ciudadanos deben estar interesados en su desenlace.
Y hablando de oportunidad, ¿cómo es que el CNE acepta candidaturas de movimientos cuya legitimidad ha sido cuestionada por informes de la Contraloría y, peor aún, las acepta cuando, ya que vidas, fenecieron los plazos para su presentación y calificación de las mismas?. Y ahí está uno de los problemas gravísimos en nuestro país, sobran las leyes y los reglamentos, pero faltan quienes las hagan cumplir y respetar. Las democracias respetables basan su funcionamiento en el irrestricto apego a lo estatuido mientras acá en nuestros lares, el pasarse la ley “por las galletas” es sinónimo de viveza y habilidad politiquera.
Algunos de los prófugos en el caso sobornos ya han traspasado sus bienes a sus hijos y familiares para burlar el pago contemplado en las sentencias judiciales, entre ellos, y como para variar, los dos ex mandatarios Correa y Glas. Debería haber una norma que prohíba la enajenación de bienes a todos los ex funcionarios públicos mientras no sea verificada la declaración juramentada de bienes que, por disposición constitucional, desde 1998, debe ser presentada al término de su periodo. (O)
