En fecha reciente, el Contralor General del Estado envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley mediante el cual intenta que el organismo que dirige se transforme en un Tribunal de Cuentas. El proyecto, por su decisiva incidencia en el ordenamiento institucional, constituye uno de los asuntos más relevantes de la historia republicana contemporánea. Las innumerables aristas que surgen de su entorno, elevarán, sin duda, el tono del debate, más aún si de por medio está la aplicación del “plan nacional de lucha contra la corrupción” y, por tanto, de todo lo concerniente con el control y fiscalización de todas las funciones del Estado y de las entidades del sector público.
Por el interés nacional que representa, habrá que seguir el debate y desde ya, desear que los padres de la Patria cumplan –difícil, por cierto- a cabalidad con su deber. Hasta tanto, es menester destacar que: Se libera al Contralor de la potestad máxima y única de ejercer el control del buen uso de los bienes públicos, la cual se traslada a un Tribunal de Cuentas que estaría integrado por 7 ministros auditores, designados así: 2 por la Asamblea Nacional, 1 por el ejecutivo, 2 a través de concurso público y 2 funcionarios de carrera de la propia Contraloría, aparte de otras reformas que van en esa dirección.
En todo caso, hay que forzosamente reparar que, dada la integración del Tribunal de Cuentas, -varios representantes de 2 funciones del Estado- se podría tornar en un organismo en el que podrán primar los intereses políticos, y repetirse –dada su condición de organismo fiscalizador- los conturbadores episodios de la Asamblea Nacional: el juego de los compadrazgos y las amistades podrían estar a la orden del día. Entonces, cobraría vigor la expresión castiza: “más vale lo malo conocido, que lo bueno por conocer”. No les parece. (O)
