Mientras fue alcalde de Guayaquil y ahora que no lo es, pero acompaña casi siempre a la titular de la dependencia, e inclusive lleva la voz cantante, Jaime Nebot exigió mayor autonomía respecto al gobierno central. Colegas de varios cantones se le unieron y durante las fiestas novembrinas lo hizo el de Cuenca.
Hay un problema sin embargo: la exigencia sólo va a la puntual y completa transferencia de las asignaciones presupuestarias y su libre disponibilidad. No así otras relaciones ineludibles como el aval del Ejecutivo para créditos internas y externos hacia los regionales; fondos extras no reembolsables (tranvía-metrovía); absorción de las deudas locales impagables.
Resulta incoherente además que los municipios exijan al gobierno central, incrementar su independencia financiero-operativa, cuando falla la transparencia en el manejo de los recursos. Lo detectó la Contraloría en el 46% de los 221 Cabildos nacionales. Los azuayos cumplen este requisito en promedio menor al 30%, oscilando entre el 67,92% (Cuenca), 50,94% (Guachapala), 47,17% (Nabón) hasta el 3,77% (Pucará), según estudios realizados por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Politécnica Salesiana.
Al no existir voluntad de enmienda, el Ejecutivo debería tomar medidas drásticas de austeridad, como retener las asignaciones y los préstamos, hasta no darse soluciones viables.
Poco se enfocan los GADs en su obligada autogestión, cobrando las contribuciones ciudadanas disponibles por ley, al igual que cualquier inversión o mejora, de acuerdo a las ordenanzas respectivas.
Y algo más. Los regímenes seccionales de elección popular deben priorizar servicios, pues los han diversificado demasiado convirtiéndose en pequeños Estados, con superposición inclusive de aquellos que brindan los ministerios. (O)
