Portoviejo.- Desde su inicio, en marzo de 2020 –y después de cuatro audiencias fallidas–, se reinstaló, la mañana de este martes, el juicio del caso ‘El Rodeo’.
Finalmente, comparecieron todos los abogados defensores y asistieron las ocho personas, a quienes la Fiscalía General del Estado (FGE) procesa como autores y coautor del delito de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.
La diligencia se reinstaló, de forma presencial, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional. La jueza ponente de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, María Paola Miranda, tomó juramento colectivo a los nueve testigos que Fiscalía prevé presentar en esta jornada.
Acto seguido, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, llamó al décimo tercer testigo (en marzo testificaron 12), Juan Bedón, agente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y oficial del caso.
Una presunta ‘red de jurídicos’
El testimonio del agente se extendió por más de cuatro horas: mencionó a los ocho procesados como integrantes de una supuesta ‘red de jurídicos’, que estaría conformada por cuatro funcionarios del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores), tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, y un abogado en libre ejercicio.
El testigo dijo que la presunta ‘red de corrupción’ de funcionarios públicos del área jurídica habría cobrado (en efectivo y en botellas de licor) a los familiares de los privados de libertad para ‘arreglar sus salidas de prisión’. ‘Las víctimas indicaron que entregaron entre 300 y 400 dólares para tramitar las garantías penitenciarias y que los jueces habrían solicitado hasta 5.000’.
¿Cómo habría operado la presunta red de corrupción? Los trabajadores del SNAI tenían contacto con los privados de libertad en los centros carcelarios, y con su familiares en los exteriores de los juzgados, previo a las audiencias para resolver las garantías penitenciarias, con el objetivo de –presuntamente– cobrar lo solicitado: si el pago no se cumplía, el juez no instalaba la audiencia, era la amenaza a los familiares, según el testimonio.
El contacto entre SNAI y los jueces, de acuerdo a las investigaciones y pericias, se habría demostrado en la triangulación de llamadas telefónicas, información extraída de los celulares incautados a los procesados, en especial el de Einstein G., pues era quien mantenía mensajes con los jueces, en los que habrían hablando de dádivas en dinero y botellas de licor solicitadas a privados de libertad por dichos trámites.
Además, la Directora del CRS El Rodeo informó al oficial del caso el ‘malestar’ expresado por los privados de libertad y sus familiares, de que no les habían cumplido con el trámite, pero que ‘ya estaba pagado’, hechos con los cuales inició la investigación previa en 2018.
La presunta víctima entregó capturas de pantalla de las conversaciones que mantenía con los funcionarios referente al pago por la prelibertad.
Información adicional
Las garantías penitencias son un derecho para las personas privadas de la libertad, por lo tanto no se debe entregar dinero para su otorgamiento. (I)
