La tragedia ocurrida en el recinto Los Ajos, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas; la incautación de maquinaria y otros implementos a mineros informales en el río Ayllón en el cantón Sígsig; y la casi inmisericorde explotación de áridos en los ríos Rircay y Jubones, en Santa Isabel y Saraguro, demuestran que el aprovechamiento de los recursos naturales está a merced de todo interés, menos del respeto al medio ambiente, en suma, a la vida.
En Los Ajos, la minería ilegal e incluso la legal fueron suspendidas en 2011 por decisión judicial para evitar que los buscadores de oro sigan contaminando los ríos con químicos y afectaran a la población.
Aún así dicha actividad siguió, hasta que un deslizamiento de tierra de una mina ilegal terminó con la vida de cinco personas mientras lavaban el oro.
En Sígsig, con un operativo interinstitucional se llegó hasta un asentamiento donde mineros informales extraían material mineralizado en el río Ayllón. Se destruyeron motobombas, boyas de dragas y dos campamentos, y se incautaron dos muestras de oro aluvial. No es la primera vez.
En los ríos Jubones y Rircay, concesionarios mineros los han horadado tanto que han desaparecido sus cauces naturales, ni se diga las riberas, donde se apilan cientos de miles de metros cúbicos de arena y piedra triturada.
La remediación ambiental, aprobada como un simple mecanismo por insensibles burócratas, es letra muerta.
Desde hace varios meses, habitantes de Sulupali Grande y otros sectores aledaños protestan por la concesión a una empresa que incluso quiere instalar una trituradora de piedra. Su operación causará ruido y polvo, tal como sucede en otras zonas ubicadas a lo largo de esos dos afluentes, otrora atractivos para el turismo.
Según esos habitantes, el 80 % del Rircay está concesionado en el área que corresponde a Santa Isabel. En el Jubones debe ser igual, o más.
Urge planificar y regular la explotación de áridos; al igual que profundizar en la concienciación de los riesgos de la minería aurífera informal, y aún de la formal.
