El proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia Molleturo, es, a no dudarlo, un serio conflicto con el que se convive en el Azuay.
La concesión, por parte del Estado en 1993, está dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo, que colinda con el Parque Nacional Cajas. Además, es parte la Reserva Mundial de la Biósfera de El Cajas.
La fase de exploración reveló que en las entrañas de esos páramos hay 605.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata.
En 2016, el entonces vicepresidente Jorge Glas inauguró la mina, dando inicio a la explotación minera de mediana escala.
Las reacciones de gran parte de comuneros de Molleturo y de organizaciones ambientalistas han ido de menos a más. De menos, durante el Gobierno anterior, dada la represión judicial, con acusaciones de terrorismo de por medio, a la que estaban sometidos quienes protestaban.
De más, desde que comenzó la explotación. No han faltado los enfrentamientos entre comuneros y miembros de la fuerza pública, que causaron heridos de parte y parte; la quema deliberada de maquinaria y campamentos de la empresa minera, y hasta de un vehículo de la Policía Nacional.
Y, como colofón, el impedimento total para que la minera Junefield Ecuagolmingin South América, de origen chino, explote la mina, incluso hasta por orden judicial; al igual que la posición de los comuneros de instalar en San Pedro de Yumate un control y decidir quién pasa y quien no.
En estos días, la Gobernación se refirió a denuncias de que mineros informales, cuya estructura y capitales no son nada despreciables, pretenden llegar a la mina. La autoridad ha tomado precauciones para investigar y, de ser ciertas, impedir tal intromisión.
Empero, comuneros de Molleturo lo desmienten. Más bien lo atribuyen a una “campaña engañosa” y ratifican su oposición a la minería ilegal como legal.
Es impredecible saber el desenlace del conflicto ante posiciones irreconciliables, como tampoco el resultado de la demanda que por USD 480 millones planteó al Estado la empresa china por falta de seguridad jurídica y del orden público para cumplir con su trabajo.
