El 10 de diciembre de 2019 Fernández tomó las riendas de una economía que arrastraba casi una década de estancamiento convertido en recesión desde 2018.
El «escenario base» también incluía los mayores niveles de inflación de los últimos 28 años, fuertes tensiones cambiarias, una deuda de 323.065 millones de dólares -equivalente al 89,4 % del producto interno bruto (PIB)-, desempleo en alza y cerca del 40 % de la población bajo la línea de pobreza.
El nuevo Ejecutivo, con un equipo económico integrado por expertos cercanos a Fernández y el académico Martín Guzmán, discípulo de Joseph Stiglitz, como ministro de Economía, había comenzado a tomar medidas de «emergencia» para contener la crisis cuando el coronavirus irrumpió.
Las estrictas medidas de aislamiento sanitarias decretadas por el Gobierno a finales de marzo prácticamente paralizaron la economía, dando paso a niveles estrepitosos e inéditos de caída en la industria y la construcción, desplome en el consumo, cierre de empresas y comercios, pérdida de empleos y aumento de la pobreza.
Según proyecciones del propio Ejecutivo, Argentina culminará este año con un derrumbe del 12,1 % en su PIB, un desempeño que, de concretarse, será el peor de los registros estadísticos del país.
«Ha sido un año crítico, nefasto para la historia económica de Argentina, pero se debe analizar en el contexto global, donde ninguna economía tuvo resultados positivos», dijo a Efe el economista Ignacio Carballo, investigador y profesor de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Buenos Aires.
De acuerdo con datos de la consultora Analytica, este año se perdieron en Argentina 22.000 empresas y 3,7 millones de empleos registrados e informales.
«No solo hay que ver la cantidad de empresas que la covid-19 cerró sino además que el contexto macroeconómico generó que multinacionales se fueran de Argentina. Que las multinacionales abandonen el país cuando el mundo está en crisis quiere decir que el país está mal dentro de esta crisis global. Esa es una de las señales más críticas», observó Carballo.
NÚMEROS ROJOS, FIEBRE VERDE
La emergencia sanitaria y económica llevaron al Gobierno a incrementar fuertemente el gasto público, lo que se tradujo en un notable deterioro de las cuentas públicas: Argentina cerrará 2020 con un déficit fiscal primario cercano al 8 % del PIB.
Para financiar el déficit, se recurrió a la emisión monetaria, lo que, sumado a la desconfianza inversora y la necesidad de cobertura ante la alta inflación -del 37,2 % interanual en octubre último-, incentivó la demanda de dólares estadounidenses en la plaza cambiaria doméstica.
La avidez por dólares obligó al Banco Central a destinar buena parte de sus reservas a tratar de sostener el tipo de cambio oficial, pero en esta dinámica perdió en lo que va del año unos 6.228 millones de dólares.
Para frenar la sangría de reservas, a mediados de septiembre las autoridades impusieron fuertes restricciones a empresas e individuos para el acceso al mercado oficial de divisas, pero el refuerzo del denominado «cepo cambiario» se tradujo rápidamente en una escalada del precio del dólar en los mercados alternativos, con valores que llegaron a más que duplicar el tipo de cambio oficial.
Aunque las tensiones cambiarias cedieron en las últimas semanas, permanecen latentes, como un fantasma al acecho de la golpeada economía argentina.
Para Gabriel Torres, vicepresidente senior de Moody’s y analista principal de la calificadora para Argentina, hay una «falta de credibilidad» de la población en su propia moneda y el país tiene una «larga historia» en la que, ante cualquier crisis, individuos y empresas buscan protegerse a través de la compra de dólares.
«La volatilidad del tipo de cambio hace que constantemente haya shocks de inflación y shocks de crecimiento», advirtió.
LA SAGA DE LA DEUDA
El primer año de gestión de Fernández será también recordado por la millonaria reestructuración de la deuda con acreedores privados y el inicio de negociaciones para refinanciar los pesados vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras casi cinco meses de duras negociaciones con poderosos fondos de inversión, Argentina logró en septiembre una adhesión del 93,55 % a su oferta de canje, lo que le permitió reestructurar bonos de ley extranjera por 63.375 millones de dólares.
Adicionalmente, logró un aval del 99,49 % a su oferta para reestructurar bonos en moneda extranjera pero de ley local por 41.714 millones de dólares.
Con ambas operaciones, Argentina no logró un recorte sustancial de su deuda, pero sí extender los vencimientos y reducir fuertemente la tasa de interés.
«Lo que queda en duda es que el mercado esté dispuesto a prestarle a Argentina cuando llegue el momento en que el país tenga que pagar. Argentina logró darse más tiempo, pero todavía no está claro que va a tener acceso al mercado para poder pagar la deuda», observó Torres.
