Así lo señaló Carmen Josse, directora de la fundación ambientalista EcoCiencia, que forma parte de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), que monitorea desde hace varios años la situación ambiental de la selva, y que presentó su «Atlas Amazonía Bajo Presión»
Para Josse, esa investigación es un instrumento que busca «llamar la atención de gobernantes» y que podría permitir a los gobiernos y tomadores de decisiones de la región, ubicar alternativas de desarrollo para esta selva amazónica, a la que considera fundamental contra el cambio climático.
Consideró que, pese a que hay «información y evidencia de lo que está ocurriendo, no hay acciones» para revertir la situación.
Y es que, según el estudio, el 7 % del territorio amazónico está bajo una presión «muy alta» y otro 26 % sufre de una amenaza «alta».
El área amazónica con mayor presión es la occidental, especialmente en Ecuador, en el norte de Venezuela y en el sur de la Amazonía brasileña, añade un resumen de la investigación.
UNIR FUERZAS
Para Josse, es momento de unir fuerzas para buscar alternativas y opciones de desarrollo sostenible «que no acaben con los servicios ambientales que nos presta la Amazonía a toda la humanidad».
Por ello, el Atlas provee «mucha información que puede apoyar» en la elaboración de esos planes de desarrollo sostenible e incluso influir en organismos multilaterales para apoyar en la preservación.
Josse opinó que, si bien hay entidades regionales que trabajan con ese objetivo, como la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, no han habido acciones efectivas que permitan encontrar soluciones a las grandes presiones que someten a la región.
Por ejemplo -propuso- gran parte de la Amazonía ha sido dedicada a la explotación petrolera, pero tiene los índices más altos de pobreza, lo que puede dar lugar a suponer que la actividad extractiva no ha sido una solución para esta zona del planeta.
Por eso, para la directora de EcoCiencia, «debe haber otra mirada» a esta realidad y, por ejemplo, debe ponerse freno a la deforestación en este «bosque continuo más grande del mundo».
y es que, según el estudio de Raisg, los territorios amazónicos habitados por indígenas y las zonas catalogadas como áreas protegidas en esta selva, se han constituido como «un escudo contra la devastación», aunque son también vulnerables.
La investigación asegura que, pese a que 2003 fue el peor año para los bosques de la Amazonía por la deforestación, con una pérdida de 49.240 kilómetros cuadrados, se ha notado una aceleración de esa amenaza desde 2015.
Sólo durante 2018 se deforestaron 31.269 kilómetros cuadrados de bosques en toda la Amazonía, «la mayor deforestación anual desde ese máximo de 2003», precisa el estudio.
Asimismo, señala que entre 2000 y 2018, el avance de la deforestación en la región amazónica acumuló la pérdida de 513.016 kilómetros cuadrados de bosque nativo, un territorio equivalente a la superficie de España.
La actividad minera también ha ejercido una presión constante en la Amazonía desde hace varias décadas y es una de las causas de deforestación, contaminación y conflictos sociales.
En el Atlas se han identificado 4.472 localidades amazónicas que estarían siendo afectadas por la minería ilegal, la misma que ejerce efectos nocivos sobre la tierra y los ríos.
Más de la mitad de esos puntos se encuentran en Brasil (53,8 %), mientras que en Venezuela esa tasa llega al 32 %, revela el Atlas, que añade que el 13 % de la superficie amazónica ha estado expuesta a incendios desde 2001 (1,1 millones de kilómetros cuadrados).
Raisg sostiene que, en promedio, desde 2001, se han quemado anualmente 169.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica. EFE
