Los recursos gubernamentales son los principales ingresos de los gobiernos provinciales de Azuay y Cañar. Ninguna de las dos instituciones provinciales manejan tasas o impuestos que generen recursos adicionales para sustentar sus administraciones.
La Cámara Provincial del Azuay eliminó a fines de 2019, en la administración del entonces prefecto Yaku Pérez, la Tasa Solidaria como un tributo obligatorio en la matriculación vehicular. El GAD Provincial obtenía de este tributo, alrededor de cinco millones de dólares para coordinar con las juntas parroquiales el mantenimiento, especialmente de vías de segundo y tercer orden.
De acuerdo con Cecilia Méndez, prefecta de Azuay, la Tasa Solidaria era el único tributo adicional de la institución, ya que su presupuesto depende sustancialmente de los recursos del Estado.
Méndez, quien se reunió la semana pasada con los representantes de la transportación, descartó que se retome dicha iniciativa, y en caso de hacerlo, se requerirá de un diálogo profundo que involucre a todos los sectores de la provincia.
El GAD Provincial del Azuay, por otro lado, cuenta con un sistema de peajes en cuatro carreteras de los cantones Cuenca, Girón y Nabón. Sin embargo, los recursos generados alcanzan únicamente para el mantenimiento rutinario de dichas vías.
Postura
En los planes del Gobierno Provincial del Cañar no está el generar alguna tasa o impuesto para alcanzar recursos adicionales. La postura del prefecto Bayron Pacheco es más bien por reclamar los recursos que adeuda el Gobierno Central a la institución.
“En una economía como la de la provincia del Cañar, donde el 55 % de la ciudadanía vive de la agricultura y ganadería que está totalmente deteriorada por la pandemia del COVID-19, no podemos poner una tasa o impuesto (…) No podemos poner peajes en vías de segundo y tercer orden, y jamás lo haré en la provincia (…)”, aseguró Pacheco. (BPR)-(I)
USD 45 millones le debe el Gobierno al Azuay y Cañar
La prefecta y el prefecto del Azuay y Cañar salieron ayer a las calles de Cuenca y Azogues, respectivamente, para exigir al Gobierno el pago de deudas y reclamar por los recortes presupuestarios.
A la protesta se sumaron los alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales incluso empleados y trabajadores de las instituciones. El Gobierno les adeuda más de 45 millones de dólares, de los cuáles, cerca de 28,7 millones al GAD Provincial del Azuay, y más de 17 millones de dólares al GAD Provincial del Cañar.
Las deudas corresponden, principalmente por concepto de transferencias mensuales bajo la modalidad de equidad territorial, devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), competencia de riego y acciones en las eléctricas.
Cecilia Méndez, prefecta del Azuay, aseveró que de los 28,7 millones de dólares por deuda, cerca de 19,1 millones corresponden a las transferencias mensuales, un millón por la devolución del IVA, ocho millones por las competencias de riego, entre otros valores. Además, se exige que se mantenga los 3,5 millones de dólares como transferencias mensuales para el GAD Provincial del Azuay.
Mientras, Bayron Pacheco, prefecto de Cañar, explicó que de los más de 17 millones de dólares por deuda, cinco millones son por las transferencias mensuales, 200 mil por la devolución del IVA, cinco millones por las competencias de riego y siete millones de dólares por las acciones en las eléctricas.
“Nosotros no tenemos ingresos propios, es decir dependemos exclusivamente del Gobierno Nacional, y si no nos llegan los recursos, no podemos cubrir nuestras competencias”, expresó Pacheco. (I)
