Comunidad migrante en Ecuador pide a candidatos electorales mayor inclusión

Organizaciones de migrantes y refugiados en Ecuador pidieron este viernes a los candidatos de las elecciones presidenciales y legislativas de 2021 una mayor inclusión y la adopción de políticas que tengan en cuenta su especial situación.

En una rueda de prensa virtual en la que dieron a conocer una carta abierta al país y a los binomios presidenciales que concurren a las urnas en febrero próximo, representantes de desplazados venezolanos, colombianos y ecuatorianos retornados presentaron una serie de propuestas con motivo del Día Internacional del Migrante.

«Hemos sido obligados a migrar para proteger la vida nuestra y la de nuestra familia», manifestó la representante de la comunidad colombiana en Ecuador, Gervasia Rodríguez, quien hizo un llamamiento a la población migrante del país a expresar bajo un «grito único solidario» a los políticos, las necesidades comunes que enfrentan.

Con una camiseta que rezaba «Nada sobre migrantes sin los migrantes», campaña que impulsa su plataforma, Rodríguez recordó las difíciles vicisitudes vividas por su comunidad durante la pandemia, pidió a los candidatos que «escuchen con seriedad y respeto» y dejen de verlos «como un problema, sino que reconozcan que somos un aporte económico, político y social».

DOCUMENTO PARA LA INCLUSIÓN

Titulado «Propuestas para la inclusión y el ejercicio de Derechos de las Comunidades en Movilidad Humana en el Ecuador», el documento presentado hoy pone de relieve la situación que viven los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, víctimas de una multidimensionalidad de conflictos.

A ello, la carta añade la vulnerabilidad por su condición migratoria y la falta de acceso a derechos básicos como salud, alimentación, vivienda, educación o trabajo digno.

El representante de las personas ecuatorianas retornadas, Eduardo Baldeón, llamó a los aspirantes presidenciales a que se pronuncien «con responsabilidad sobre las personas migrantes», al objeto de «fortalecer la democracia».

Entre las propuestas de este colectivo se exhorta a las autoridades políticas a considerar «un nuevo enfoque que permita que la relación entre las instituciones del Estado ecuatoriano y la comunidad migrante ecuatoriana en el exterior, en base a un principio de reciprocidad y gratitud».

Figuran también en el documento los solicitantes de asilo y refugiados, y se subraya que con 70.000 personas bajo este estatus, Ecuador es el país latinoamericano que mayor número ha reconocido.

VENEZOLANOS EXIGEN MECANISMOS ESPECIALES

Apéndice propio tienen los migrantes forzados y refugiados venezolanos, 400.000 de los cuales se encuentran actualmente en Ecuador, entre los cinco millones que abandonaron su país en los últimos años.

El representante de la comunidad venezolana, Ángel Pacheco, recordó que en virtud de un proceso de amnistía migratoria iniciado en 2019 y concluido en agosto de este año, más de 38.000 compatriotas lograron obtener la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU), mientras que continúan otras 26.000 solicitudes en trámite.

Sin embargo, refirió que «aún persisten 200.000 venezolanos que no tienen en el marco legal actual la posibilidad de regularización, lo que repercute en su calidad de vida», y los coloca en una situación de precariedad y vulnerabilidad, agravadas por la pandemia.

Por esta razón, el documento presentado incluye como sugerencia para la integración la «búsqueda de mecanismos legales ad hoc para la regularización de la comunidad venezolana».

Pacheco urgió asimismo a las instancias gubernamentales que reconozcan la situación de refugiado, «de la mayoría de los venezolanos que hemos sido forzados a abandonar el país», lo que consideró, garantizaría la posibilidad de un proceso regulatorio con exigencias documentales menos escrupulosas.

Pidió además que se atienda de «manera especial» a los miles de ecuatorianos que están viviendo en Venezuela y que emigraron forzados por las crisis económicas que vivió el país andino hace décadas.

El encuentro virtual fue convocado por la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, «Clamor».

La integrante del equipo jurídico del Servicio Jesuita a Refugiados, Mildred Yépez, cerró el encuentro señalando los problemas de xenofobia que afrontan los hijos de los migrantes en el ámbito educativo, y exigió que se garantice la atención necesaria a los grupos en movilidad humana, así como el debido proceso. EFE

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