La Fiscalía General del Estado ecuatoriano vinculó este jueves a cuatro sospechosos por el presunto delito de asesinato de tres personas durante la revuelta policial del 30-S, ocurrida hace una década bajo el Gobierno de Rafael Correa.
En un boletín el órgano fiscal identificó a los procesados como Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G., contra los que dictó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad.
Asimismo dispuso que la instrucción fiscal se extienda por treinta días más (120 días en total).
Las medidas se resolvieron en una audiencia de formulación de cargos en la que el fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, «que hacen presumir la participación de los cuatro nuevos vinculados en el presunto delito».
Así, un total de nueve personas, entre ellas los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P., serán investigadas por el delito de asesinato de tres personas perpetrado el 30 de septiembre de 2010 en Quito.
De acuerdo al artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ese delito es sancionada con una pena de 22 a 26 de cárcel.
En el contexto de los hechos investigados, Patricio G. era el comandante del Grupo Especial de Comandos de las Fuerzas Armadas, mientras que Marco C., Fernando C. y Luis O. integraban el grupo de fuerzas especiales que formaron parte del operativo que extrajo del Hospital de la Policía Nacional al expresidente Correa, durante la revuelta policial del 30-S.
Por su parte, Luis C. dirigió el operativo de extracción del exmandatario, el general Hegel P. era el comandante de la Fuerza de Tarea 4, el general de Brigada Jorge P. cumplía las funciones de director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), Vicente G. era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Jorge M., del Grupo Especial de Comandos.
La protesta policial se produjo a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010, que limitaba las retribuciones por ascensos en las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la versión oficial del Ejecutivo de Correa fue que la revuelta fue un intento de golpe de Estado planificado.
Bajo la Presidencia de su sucesor y hoy rival, Lenín Moreno, se desclasificaron documentos de la época, se están abriendo causas relacionadas con aquella violenta jornada y se empiezan a conocer testimonios de procesados y periodistas que contrastan con el relato oficialista, entonces respaldado por la mayoría de países latinoamericanos, España, EE.UU. y organismos internacionales.
Correa permaneció desde el mediodía del 30-S en el Hospital de la Policía, hasta que ya de noche fuerzas del Ejército y unidades policiales especiales lograron extraerlo en medio de un tiroteo, presumiblemente de policías y tiradores en tejados de edificios y una avenida contigua.
Cinco personas -dos policías, dos militares y un civil- fallecieron por el fuego cruzado, y decenas resultaron heridas.
Los hechos llevaron al procesamiento de 300 personas, entre civiles y uniformados, que ahora demandan justicia y habían conseguido hasta ahora que cinco exmilitares al mando fuesen procesados por las consecuencias del operativo.
Los cuatro nuevos exoficiales procesados engrosan a partir de ahora esa lista. EFE
