Nueve personas serán investigadas por el asesinato del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortéz, ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, conocida como 30-S.
Por pedido de la Fiscalía, la juez Luz María Ortíz vinculó a cuatro militares más a la instrucción fiscal.
Inicialmente la investigación se realizó en contra de cinco oficiales en servicio pasivo: Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, quienes integraban la cúpula de las Fuerzas Armadas y que habrían planificado la Operación Rescate al expresidente Rafael Correa, que se encontraba en el interior del hospital de la Policía, en Quito.
Castro dirigió el operativo de extracción del exmandatario; Peñaherrera era el comandante de la Fuerza de Tarea 4; Peña era director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco); Guzmán era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Merino era el comandante del Grupo Especial de Comandos.
Los cuatro nuevos vinculados son Patricio Guadalupe, excomandante del Grupo Especial de Comandos; Marco Cano, Fernando Castro y Luis Orozco, quienes conformaban el grupo de fuerzas especiales que participó en el operativo.
La jueza dictó medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Además, se dispuso que la instrucción fiscal se extienda por treinta días más (120 días en total).
Aunque Edwin Romero, abogado de la familia del policía Froilán Jiménez, considera que con esta acción se ha vinculado a oficiales que efectivamente participaron en el operativo, considera que falta por incluir a los exministros Javier Ponce y Gustavo Jalkh, así como al expresidente Correa, quienes a su criterio dieron las órdenes que desencadenaron en la muerte de su familiar.
Previo a incluir a más personas a la investigación, la jueza dio paso a la reformulación de cargos solicitada por la fiscal Claudia Romero. De esta forma se dejó de investigar el delito de homicidio y se pasó a analizar un asesinato bajo la modalidad de ejecución, lo cual podría implicar hasta 26 años de prisión. (ASM)-(I).
