Con todo, el Ejecutivo, que logró aprobar su proyecto de ley, está contento. Porque el efecto inmediato una vez que entra en vigencia la ley es que beneficia a las personas criminalizadas por haber practicado el aborto por fuera de los causales que regían hasta ahora: riesgo en la salud y en la vida de la mujer o violación.
“Deja de ser un delito para un médico o médica o persona que interrumpe su embarazo hasta la semana 14. Y las causas judiciales que están en trámite respecto de médicos o médicas o personas gestantes hasta la semana 14 se tendrán que sobreseer y extinguir su acción penal en razón del principio de retroactividad de la ley más benigna”, dijo a Efe la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
También hay satisfacción por el efecto en la región que supone el hecho de que Argentina apruebe el aborto, como ya hizo Uruguay en 2012.
“Argentina ha sido un país de vanguardia en el acceso a los derechos. La ley de identidad sexual ha sido clave, lo mismo la ley de matrimonio igualitario. Con esto estamos dando un salto cualitativo. Y va a tener una importancia muy, muy, muy grande en la región”, dijo Gómez Alcorta.
Y contó que recibió mensajes de Chile, Bolivia, Perú, México, Cuba, España, pero no de Brasil: “Argentina tiene un movimiento de mujeres y diversidad muy potente, que está siendo mirado no solamente por la región, sino también por el mundo”.
PUESTA EN PRÁCTICA
La implementación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está en manos del Ministerio de Salud, vinculado al abastecimiento de Misoprostol -medicamento que provoca el aborto- en el sistema de salud público y con la incorporación de la IVE en el programa médico obligatorio para las mutuas médicas privadas y el sistema de obra sociales, los otros dos subsistemas de salud.
En tanto, está gestionando la producción local de Mifepristona, el medicamento complementario.
“Hay un trabajo muy de hormiga. Habrá algunas provincias donde la interrupción va a ser más sencilla. Y va a costar un poco más en otras”, dijo Gómez Alcorta.
Prevé que en aquellas provincias con redes de profesionales que ya venían practicando la interrupción legal del embarazo (ILE) -en las causales en las que ya estaba permitido- o que habían aprobado un protocolo para ello, la IVE se implementará con mayor rapidez y facilidad. Pero existen provincias donde el protocolo no fue aprobado o donde está prohibida la compra de Misoprostol.
También se verá cómo funciona la objeción de conciencia del profesional, ante lo cual la nueva ley establece que debe derivar a otro médico o establecimiento para garantizar el IVE.
“Había provincias que no tenían protocolo de ILE, lo que generaba inseguridad para los médicos, porque quienes cumplían con la ILE eran denunciados penalmente. Al estar corrido ese ámbito de inseguridad, esas redes de profesionales van a crecer aún más que lo que existe al día de hoy”, dijo Gómez Alcorta.
RESISTENCIAS
A partir de la semana 14, el protocolo de Salud que ya regía para la ILE seguirá existiendo, dijo Gómez Alcorta, porque no se modificaron las causales legales que rigen en el Código Penal desde 1921.
El 10 de diciembre pasado, antes de la sanción de la ley del aborto, un grupo de nueve demandantes patrocinados por cinco letrados hizo una presentación en la Justicia por supuesta inconstitucionalidad contra ese protocolo, de 2019, por considerarlo similar a la ley que no se aprobó en 2018, el primer intento de aprobar la IVE.
Y un juez de la provincia de Salta decidió, después de que se sancionara la ley, habilitar el tratamiento del tema en plenas vacaciones del poder judicial.
“En nuestro ordenamiento jurídico se consagra el derecho a la vida de la persona por nacer”, dijo a Efe Cristina Fiore, legisladora provincial de Salta que participó en la demanda. “Hasta antes de esta ley, el Código Penal establecía el aborto en caso de vida de la madre y violación. Y ahora se avanza al aborto a libre demanda”, explicó.
“Estamos estudiando ampliar la demanda”, agregó Fiore, quien ya está en contacto con abogados de las provincias de Tucumán, San Juan, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, quienes iniciarán acciones de inconstitucionalidad general «para atacar la ley”.
También, con la senadora Beatriz Elías de Pérez, que el mismo día en que el Senado aprobaba la ley avisó sobre el mismo pedido.
“Queremos que se declare la inconstitucionalidad de esta ley y, si no, más adelante pelearemos para que se la derogue”, dijo Fiore.
Porque Fiore prevé que primero se avanza con proyectos de aborto y luego con eutanasia o muerte digna: «En la sociedad no podemos descartar a nadie».
Sin embargo, el camino será largo porque aunque obtenga un fallo favorable, seguramente el gobierno nacional apelará hasta llegar a la Corte Suprema.
“Puede haber otros intentos de obstaculizar la implementación de la norma. No me preocupa. La norma es robusta en términos normativos. La Corte Suprema de nuestro país ya se expidió sobre la constitucionalidad o no de la interrupción del embarazo”, agregó Gómez Alcorta, respecto a un fallo emitido en 2012.
MÁS EDUCACIÓN
La expectativa del Gobierno con la nueva ley es llevar a cero la mortalidad materna producto de los abortos clandestinos.
Para Fiore, los fallecimientos por abortos clandestinos son una causa evitable y apuntó contra la falta de educación sexual, las deficiencias del sistema sanitario y el hacinamiento: “Me duele y me enoja muchísimo que el Estado que tiene la responsabilidad de dar respuesta no las da y se va al último remedio que es el aborto. ¿Por qué no probás educando a la gente, por qué no probás mejorando el sistema sanitario y después, en todo caso, hablás del aborto?”.
Y advirtió que el aborto esconde los temas de abuso. “El empoderamiento de la mujer no está en el aborto, sino en la educación”.
Gómez Alcorta espera que ahora caigan las resistencias para implementar de forma plena la ley de Educación Sexual Integral para prevenir los embarazos no deseados.
Todo apunta a que la Corte Suprema tendrá la última palabra. EFE
