Comandados por Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay, quien llegó a su cargo a través del movimiento CREO, la lista del Partido Social Cristiano busca revertir la tendencia negativa que ha venido sosteniendo en las últimas elecciones a nivel provincial.
Cuesta, quien logró notoriedad en la Asamblea por el juicio político a María Paula Romo y la propuesta de la ‘Ley REEVAS’ para endurecer las penas por abuso sexual, participa junto a dirigentes barriales y cantonales.
El segundo en la lista es Juan Quilambaqui, quien presidió la Federación de Barrios de Cuenca y se ha mantenido al frente de la dirigencia barrial en la parroquia Hermano Miguel desde hace varios años.
Completan la lista Lourdes Romero, el abogado Roberty Guzmán y la ingeniera agrónoma y dirigente comunitaria de Paute, Roxana Pamela Torres.
Una característica de esta lista es que forma parte del acuerdo de campaña entre el Partido Social Cristiano y el movimiento CREO para apoyar la presidencia de Guillermo Lasso, pero no integra una lista única con dicha agrupación política.
El acuerdo firmado por los líderes de ambas tiendas para apoyar a Lasso indica que las candidaturas a la Asamblea Nacional podrán ser diferenciadas y que sus propuestas no necesariamente irán de la mano.
Propuestas
El plan de trabajo de la lista de asambleístas del Azuay del Partido Social Cristiano es simple y hace énfasis en la necesidad de una lucha contra la corrupción a través de una fiscalización a todos los poderes del Estado.
En cuanto a su agenda legislativa plantean reformar la Ley de Turismo, proponer leyes para mejorar la atención y tratamiento de personas con enfermedades catastróficas y adoptar modelos anti corrupción sugeridos por la Convención de las Naciones Unidas.
También promoverán la consulta popular propuesta por el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot con el fin de crear la condena extensa para quienes cometen delitos contra las niñas, niños y adolescentes, una ley en la que Cuesta ya ha trabajado desde su curul en la Asamblea Nacional.
Adicionalmente se plantean reformar la Ley del sistema nacional de contratación pública e implementar una Ley modelo de arbitraje comercial para garantizar la seguridad jurídica a las empresas interesadas en invertir en el Ecuador, dicta su plan de trabajo. (JMM) (I)
