Tras la aprobación de un segundo juicio político contra el presiente de EE.UU., Donald Trump, en la Cámara Baja, toda la atención se centra en el Senado, donde parece descartado que el proceso de destitución continúe antes de la investidura del demócrata Joe Biden.
Y al propio Biden le preocupa que la atención por el segundo juicio político a Trump, esta vez acusado de «incitar la insurrección» por arengar a sus seguidores antes de que tomaran la semana pasada el Congreso, distraiga los esfuerzos del Legislativo de sus prioridades de gobierno: la pandemia y la crisis económica.
Pero de momento, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ni siquiera ha enviado los artículos del juicio político al Senado, un paso necesario para que el proceso de destitución prosiga en la Cámara Alta.
«Tenemos que determinar qué tipo de evidencias debemos presentar al Senado para demostrar nuestro artículo de juicio político», dijo este jueves a la CNN la representante demócrata Diana DeGette, una de las encargadas del proceso en la Cámara de Representantes.
La planificación del juicio en el Senado se encuentra en «etapas muy preliminares», agregó.
Entre las pruebas que están reuniendo los demócratas para demostrar la responsabilidad de Trump en la violenta algarada que el día 6 interrumpió la sesión de confirmación de la victoria de Biden en el Congreso están imágenes de televisión y testimonios.
Antes de producirse el asalto por radicales trumpistas, el gobernante les había instado a acudir al Capitolio para defender sus derechos, en medio de las denuncias de fraude que viene repitiendo sin poder demostrar, y de las que nunca se ha retractado.
No se espera que el juicio se reanude antes de que el día 20 se celebre la investidura de Biden, ya que el Congreso se encuentra en receso hasta la víspera y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no planea convocarlo anticipadamente.
INHABILITACIÓN
Aunque el juicio no supondría la destitución del mandatario, ya que habría entregado ya la Presidencia a su sucesor, una condena supondría para él ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, quizá la consecuencia de mayor calado en caso de que Trump aspirase a presentarse a la elección de nuevo en 2024.
Otros privilegios que perdería incluyen una pensión vitalicia equivalente a lo que gana un ministro (unos 220.000 dólares anuales), o quizá su derecho a tener un funeral con honores y ser enterrado, de desearlo, en el Cementerio Nacional de Arlington.
Una condena a Trump en el Senado requiere una mayoría de dos tercios, por lo que los demócratas necesitan el apoyo de al menos 17 senadores republicanos para que la iniciativa prospere, asumiendo que todos los demócratas voten a favor de la condena.
Aunque ya ha habido algún senador republicano que se ha mostrado inclinado por una condena de Trump, como Lisa Murkowski o Pat Toomey, conseguir 17 votos entre un grupo que lleva cuatro años arropando al gobernante y que cuanto menos ha callado en lo referente a sus denuncias sin fundamento de fraude, se presenta como todo un reto para los demócratas.
En la Cámara de Representantes, con 435 legisladores y 211 de ellos republicanos, solo hubo diez que se unieron a los demócratas este miércoles para aprobar el proceso de destitución de Trump, quien ayer mismo emitió un mensaje al país en el que, sin referirse, al «impeachment», hizo un llamamiento a la calma y la unidad.
Con esto, todos los ojos están centrados en la postura de McConnell, a quien se espera que sigan otros senadores republicanos.
El centro de la capital estadounidense está prácticamente militarizado de cara a la investidura de Biden para evitar que se repitan actos de violencia por parte de radicales trumpistas en la ceremonia de toma de posesión o en las vísperas.
«LA GENTE ESTÁ MUY NERVIOSA»
El representante republicano Steve Scalise acusó hoy a los demócratas de solo querer agriar la retórica con el juicio a Trump.
«Necesitamos concentrarnos en suavizar la retórica en este momento porque la gente tiene miedo, está muy nerviosa», dijo el legislador a la cadena Fox.
Quien también ha hecho se ha mostrado preocupado debido a que el juicio coincidirá con el arranque de su Presidencia es Biden, quien tiene como prioridad la crisis económica y el combate al coronavirus para sus primeros cien días de Gobierno, al igual que la confirmación de los miembros de su gabinete en el Senado.
Biden tiene previsto delinear este jueves sus propuestas para combatir la pandemia del coronavirus y sus efectos en la economía, con un plan de vacunación y de pruebas de covid-19 a gran escala.
También se espera que dé detalles del paquete de estímulo para reactivar la economía y que, según los medios, podría superar los 1,5 billones de dólares, con ayudas a los desempleados y a los sectores más golpeados por la crisis.
Tras este primer impulso, Biden prevé lanzar a finales de año otro plan de inversión pública en infraestructuras para revitalizar el empleo. EFE
