El ministro del Interior de Perú, José Elice, consideró que «quizás hay un poquito de exageración en algunas partes» del informe de Naciones Unidas que constató un «uso innecesario y excesivo de la fuerza» por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reprimir las protestas de noviembre.
«Quizás sea porque soy ministro del Interior, pero no es que me ponga de parte de la Policía sin reconocer que, sin duda, ha habido violaciones a las reglas internas y delitos, al menos un caso», afirmó Elice en declaraciones a la emisora RPP.
No obstante, el titular de la cartera de Interior consideró que el informe de la misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un «documento valioso» en el objetivo del Gobierno de transición que preside Francisco Sagasti de cambiar los protocolos antidisturbios de la Policía Nacional.
Elice también opinó que las conclusiones del informe de la oficina de la ONU que dirige la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, también será útil para las investigaciones de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, así como para los cambios que formula la propia Policía.
NUEVO PLAN EN MARCHA
En ese sentido, el ministro anticipó que el 15 de febrero se presentará la actualización de un plan de la Policía para los próximos diez años que incluirá los cambios estipulados para garantizar el respeto a los derechos humanos en las intervenciones de los agentes.
La represión policial de las protestas de noviembre contra la polémica llegada al poder del expresidente interino Manuel Merino se cobró la vida dos jóvenes manifestantes y dejó unos 200 heridos.
Las investigaciones revelaron que la Policía disparó indiscriminadamente contra los manifestantes proyectiles prohibidos para disuadir manifestaciones, como canicas de vidrio y perdigones de plomo, que fueron los causantes de las dos muertes.
DISPAROS INDISCRIMINADOS Y A LA CABEZA
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la Policía peruana disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, «de manera indiscriminada y a corta distancia».
Asimismo, policías no identificados y vestidos de civil practicaron detenciones mediante las cuales se retuvo por hasta 72 horas a, por lo menos, una persona.
Por eso la organización Human Rights Watch (HRW) también determinó en un informe propio que hubo «graves abusos policiales» y advirtió sobre la falta de independencia de las investigaciones de carácter disciplinario a cargo de la propia Policía.
RESPONSABLES AÚN SIN IDENTIFICAR
Casi dos meses después de los hechos todavía no han sido identificados los agentes que realizaron los mortales disparos, pese a que estos ocurrieron en un punto concreto de los distintos sectores del centro de Lima donde había policías resguardando los intentos de los manifestantes por llegar al Congreso.
Las dos muertes ocurridas en la multitudinaria manifestación acontecida el 14 de noviembre en el centro de Lima hicieron caer al Gobierno de Merino, de corte ultraderechista, lo que llevó a dimitir al exmandatario.
En su lugar asumió Sagasti, del centrista Partido Morado, pero sus intenciones de reforzar el respeto a los derechos humanos en la Policía todavía no han surtido efecto, pues desde el inicio de su mandato se produjeron otras cuatro muertes a cargo de la Policía en otra serie de protestas del sector agrario. EFE
