Muy difícil creer que haya personas e instituciones que elaboren leyes y normas jurídicas con malas intenciones. Se piensa que los propósitos son positivos, de acuerdo con lo que cada persona o grupo considera lo que es bueno o malo. Los resultados de estas intenciones se ponen de manifiesto en su funcionamiento, por cuanto aparecen falencias y abusos proporcionando elementos de juicio para implementar reformas que los corrijan. Los aciertos y errores se manifiestan en los hechos y funcionamiento.
La manera como se está llevando a cabo la campaña electoral nos invitan a reflexiones. Que el Estado financie parte de las campañas de todos los candidatos, tiene la buena intención de poner en pie de igualdad a todos los que ejercen el derecho constitucional a elegir y ser elegidos. El excesivo número de candidatos noes muestra que, con este apoyo económico, algunos se aprovechan para halagar sus egos rindiendo culto a la vanidad. Las condiciones mostradas por algunos de ellos para ejercer la primera magistratura son deplorables. No propiciamos que se elimine este subsidio, pero sí que se regule su uso.
Por lo menos en teoría, se considera que las campañas tienen por objeto que los candidatos den a conocer sus principios y planes de gobierno y que en debates esclarezcan sus planteamientos. Los debates entre 16 candidatos han sido lamentables, lo que contribuye a la pérdida de credibilidad en la democracia. Las normas electorales deben modificarse para evitar estos fiascos.
Habría una pérdida para el público: el humor y diversión que estos encuentros generan al considerar lo que las “sesudas” exposiciones generan por “la seriedad” de sus expositores.
