Tres propuestas electorales se destacan en las elecciones para la presidencia de la República, una neoliberal, otra desarrollista y una tercera social ambientalista. Todas cruzadas por el populismo.
La neoliberal propone aumentar la exportación de petróleo, productos agrícolas nuevos y tradicionales, la minería metálica, apertura al libre comercio y eliminación de impuestos a la salida de capitales, estímulos tributarios a inversiones extranjeras, reformas laborales liberales, impulso a empresas privadas para administrar fondos de pensiones y prestar servicios paralelos al IESS, autonomía del Banco Central para hacerle funcional al capital financiero privado, privatización de empresas públicas y servicios con alianzas público-privadas y créditos internacionales vinculados al FMI.
La desarrollista postula una economía impulsada desde el Estado con cambio en la matriz productiva, control de salida de capitales, utilización de dinero del Banco Central para aliviar la situación económica coyuntural de la población, reciclaje de minerales, dinero electrónico estatal para gestionar la iliquidez, y en lo internacional se prevé un alineamiento con el bloque de Chino-Ruso. En general la propuesta política recrea el discurso del gobierno de Correa que en la práctica devino en un régimen autoritario y neoliberal populista.
La social ambientalista plantea la reorganización de la economía y la sociedad en torno a la economía del cuidado, creación de condiciones para atender la alimentación, salud, educación, trabajo, seguridad social y vivienda mediante un pacto eco social, la separación de la banca y el Estado, la alianza social productiva, la agroecología, crédito para la inversión productiva y atención a los pequeños y medianos productores, la reconstrucción de la ética de la honradez y la solidaridad y el modo de habitar el mundo en comunidad y solidaridad.
Estas tres tendencias compiten en un escenario electoral institucional aún incierto por los conflictos jurídicos pendientes de resolverse entre el CNE y TCE que podría tener repercusiones en las preferencias electorales, aunque bien puede echarse tierra y seguir la política de los hechos consumados, en cuyo caso la ilegitimidad de origen del nuevo gobierno se hará presente. (O)
