En el Gobierno Provincial del Azuay se dio un reajuste salarial que entra en vigencia desde el presente mes. Los sueldos de la prefecta Cecilia Méndez, y la viceprefecta Magali Quezada registran el mayor incremento.
El sueldo de la prefecta Méndez pasa de 2.750 a 3.995 dólares, y de la viceprefecta Quezada de 2.700 a 3.196 dólares. Los salarios de los responsables departamentales pasan de 2.700 a 2.732 dólares.
Así lo explicó Alejandro Mogrovejo, director de Talento Humano del Gobierno Provincial, quien acompañó ayer a la prefecta Méndez en una rueda de prensa para aclarar del por qué el distanciamiento con la viceprefecta Quezada, entre otros temas.
“La base legal está tanto en el acuerdo 0071 del Ministerio de Trabajo del 2015 que regula los techos y pisos remunerativos de los gobiernos provinciales nacionales, donde establece una escala remunerativa para el sueldo de prefectos de 5.510 dólares, y establece grados con niveles 1 y 2 para los sueldos de directores y coordinadores”, detalló Mogrovejo.
El nuevo salario de la prefecta corresponde a un 73 % del techo remunerativo permitido (5.510 dólares).
Además, comentó que se aplicó el artículo 358 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descen-tralización (COOTAD), “que dice que el sueldo de los viceprefectos tienen que ser del 80 % de la remuneración de los prefectos (…) con lo que el sueldo de la viceprefecta Quezada se obtuvo en base a esa fórmula matemática”.
El reajuste salarial se sustentó además en un proceso de conocimiento, discusión y aprobación en el seno de la Cámara Provincial del Azuay, que dejó sin efecto la baja salarial del exprefecto Yaku Pérez. La aprobación se dio el 29 de diciembre de 2020 en segundo y definitivo debate.
Además, según se aseveró, no se afectaría la economía institucional porque existe una reducción en nómina de 210 mil dólares en relación al año anterior.
Justificación
Para la prefecta Cecilia Méndez fue una disposición de orden política del exprefecto Yaku Pérez el bajarse el sueldo a la mitad, “fue una medida arbitraria, una medida que en su momento la puse ante la Procuraduría General del Estado, porque tiene dos connotaciones, una política y otra administrativa”.
En lo político, fue tomada con el ánimo de generar un “clientelismo y sensacionalismo”; y en lo administrativo, debilita las instancias administrativas internas.
Además, en el ordenamiento laboral del país consta un techo salarial, “no es que se lo hace de manera arbitraria, se lo hace efectivamente tomando en cuenta las responsabilidades que pesan sobre quienes accedemos a estos cargos”.
Añadió que se efectuó un estudio por una empresa que asiste a todos los organismos e instituciones del Azuay en estos temas.
Operatividad institucional
La prefecta Cecilia Méndez reiteró que no cederá a presiones por lo que nuevamente criticó el intento de tratar aspectos de carácter provincial en un encuentro privado que provocó el retiro de la competencia de Pa r t i c ipa c ión Ciudadana a la viceprefecta Magali Quezada.
De la misma manera, defendió su labor y de sus colaboradores. “Tengo tres meses de estar aquí, más de dos meses nos ha tomado a cada uno de los directores el saber en qué condiciones quedó el GAD Provincial, ya que no tuve ningún tipo de información de la anterior administración a más de 21 carpetas, muchas de estas, ilegibles, nada que tenga que orientar un nuevo proceso administrativo”.
Asimismo, defendió la inversión de 30 mil dólares cuestionada por la viceprefecta en el problema limítrofe en la zona de Molleturo con el Guayas. Dijo que no solo se trata de una consultoría, sino de un proceso de seguimiento y asesoramiento. -(BPR) -(I)
