La eutanasia, el último derecho de la libertad personal, se va abriendo paso de manera lenta pero firme en Latinoamérica, una región eminentemente conservadora y católica donde Colombia, el país de Danilson, dio el primer paso en derribar ese tabú y pronto pueden seguirle Chile y Perú.
Estos tres países suramericanos representan tres momentos distintos de la misma demanda, pues mientras en Colombia ya es una realidad, en Chile está a punto de ser ley y en Perú se acaba de presentar un proyecto de ley a la par que hay abierto un histórico proceso judicial para despenalizar la muerte digna.
Colombia es el único país de Latinoamérica donde es legal la eutanasia y uno de los seis en el mundo, tras la reciente inclusión en este reducido grupo de España.
«Siempre hubo la esperanza de que los tratamientos funcionaran pero finalmente se confirmó que había vuelto a aparecer el cáncer y él tomó la decisión, pues ya venía pensándolo por el deterioro de la calidad de vida», cuenta a Efe Fernando Mora, viudo de Danilson.
Él nunca «perdió sus capacidades mentales y cognitivas», precisa su viudo, por lo que fue él mismo quien, totalmente decidido y consciente de lo que quería, averiguó cómo era el proceso, presentó la solicitud en una clínica y dos meses después falleció.
«Ese día le midieron los signos vitales, lo acostaron en su cama, le pusieron suero, nos pusieron a conversar con él, llegó el doctor, lo sedó y, cuando estaba dormido, le pusieron los medicamentos para causarle la muerte… y ya, se fue», relata Mora.
El de Danilson fue uno de los 94 procedimientos de eutanasia practicados en Colombia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que cuenta los casos desde que se reglamentó el derecho, 18 años después de que en 1997 la Corte Constitucional consagrara la muerte digna como un derecho fundamental.
LEGAL EN COLOMBIA, PERO CON BARRERAS
Sin embargo, la eutanasia enfrenta en Colombia muchas barreras, explica a Efe el director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), Lucas Correa.
«Como todo en el sistema de salud colombiano, las posibilidades de éxito dependen del lugar en el que usted esté y de cómo sea su aseguramiento en salud. Si está en una ciudad medianamente desarrollada, tiene mayores oportunidades», afirma.
Otras barreras las ponen quienes prestan el servicio de salud, advirtió el experto, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en temas de discapacidad.
«Pese a ser un derecho fundamental desde hace 25 años, no significa que los actores del sistema de salud lo sepan, lo conozcan y se tenga que hacer», dice.
La eutanasia no se enseña en las facultades de Medicina y las clínicas de «corte religioso» dilatan las solicitudes, mientras que muchos otros centros médicos no saben cómo actuar porque las solicitudes son casos muy puntuales y esporádicos.
EL ÚLTIMO RECURSO
A Juan Salazar, que toda su vida se dedicó a temas tributarios, le diagnosticaron cáncer de colon en noviembre de 2017 y comenzaron a tratarlo con quimioterapia durante un año pero el tumor siguió creciendo.
Por ello, cuenta a Efe su hija Carolina, cambió la quimioterapia por la medicina alternativa y otros tratamiento como la dieta alcalina, pero «tres o cuatro meses después empezó a tener unos dolores muy fuertes y vieron que tenía una metástasis en todo el cuerpo: huesos columna, riñón, pulmones…».
La difícil situación que vivió Juan, a quien su hija recuerda como una persona fuerte y «muy vital», lo llevó a tomar la decisión de morir dignamente, pues dice Carolina que él no quería ser una carga porque era una persona «muy independiente».
«Para nosotros fue muy duro saber que él tenía la intención de morir, como una pre-muerte, pero él estaba muy desesperado por los dolores», expresa.
Juan falleció el 6 de junio de 2019 en Bogotá tras haber hecho todo lo que quiso, como les dijo a sus hijos semanas antes de que le practicaran la eutanasia.
ANA, DE SU BLOG A LOS TRIBUNALES
En Perú, la voz a favor de la eutanasia tiene nombre propio: Ana Estrada, la primera persona en reclamar su legalización de manera pública en este país, donde ha iniciado una batalla judicial para conseguirla y ha inspirado un reciente proyecto de ley.
«Que no exista una ley no significa que el derecho no esté ahí. Hay un derecho pero falta la ley. Tengo la esperanza de que se reconozca ese derecho, mi derecho a decidir cuándo morir dignamente», sentenció Ana a Efe desde la cama de su habitación, donde pasa la mayor parte del tiempo.
Para hablar, su enfermera le ha cambiado la cánula de su traqueotomía y ha aspirado las secreciones para que ella reactive con esfuerzo sus cuerdas vocales, quietas casi todo el día.
Su cuerpo se paraliza a medida que avanza en él la polimiositis, una enfermedad degenerativa e irreversible que debilita los músculos, pero Ana exhibe una entereza inquebrantable que recuerda a la de su admirado Ramón Sampedro, el primero en pedir la eutanasia en España 27 años antes de su legalización en ese país.
No se cansa de repetir que ella no quiere matarse y que, muy al contrario, quiere seguir viviendo, pero necesita la libertad de decir basta cuando su irreversible enfermedad la obligue a alargar su vida en condiciones insoportables.
«Sé que es difícil comprenderlo, pero yo no me quiero morir. Estoy bien atendida y en un momento de mucha plenitud porque esta campaña me ha llevado a descubrir recursos que no tenía», explica Ana, de 44 años, que comenzó su iniciativa hace cuatro desde su blog «Ana busca la muerte digna», donde relata su historia.
Así puso encima de la mesa el incómodo debate en Perú, país profundamente conservador donde la muerte asistida, tipificada como homicidio piadoso, está criminalizada con hasta tres años de cárcel.
EMOCIONANTE ALEGATO
Precisamente la demanda de amparo presentada al Poder Judicial con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo reclama que se suspenda ese castigo y que el Estado elabore los protocolos para el momento que Ana solicite la eutanasia.
La audiencia judicial se celebró el 7 de enero, tras más de un año de espera, y fue «una pequeña victoria» para Ana, que en un emocionante alegato tumbó el prejuicio de que su reclamo sea fruto de una depresión, algo que ella como psicóloga sabe lo que es, porque la sufrió y pudo vencerla.
Fue en 2016, cuando su enfermedad la enclaustró casi un año en el hospital, de donde salió con la traqueotomía permanente en su cuello.
«Ahí sí me quería morir porque fue un trauma muy fuerte. Lo había perdido todo y mi vida había cambiado por completo, pero seguí un tratamiento y luego ya volvió la lucidez. Transformé ese ‘me quiero morir’ en ‘quiero mi derecho a morir con dignidad'», explica Ana.
Ahora espera el fallo con «incertidumbre» pero «tranquila», porque cada vez se siente más acompañada. «Hay tanta gente que me apoya que no me siento sola. Siento que somos muchos», afirmó Ana, entre cuyos últimos apoyos está el del Colegio de Médicos del Perú.
Así fue que, casi inesperadamente, se enteró de la presentación el jueves de un proyecto de ley en el Congreso inspirado en su caso, lo que le llenó de alegría. «Vamos avanzando», dijo.
Al mismo tiempo ve con mucho optimismo la cercana legalización en Chile. «Después de Colombia, ahora Chile. Es como que van rondando a Perú y empujando a que también despierte», comenta Ana.
CECILIA, EL CASO MÁS URGENTE EN CHILE
Chile está cerca de convertirse en el segundo país de América Latina en regular la muerte digna tras aprobarse el pasado diciembre en la Cámara de los Diputados una propuesta de ley de la oposición.
Además, el reciente caso de Cecilia Heyder, una mujer con cáncer, lupus y septicemia, que presentó un recurso para morir dignamente que fue acogido por la Corte de Apelaciones en enero de forma inédita, podría apurar el trámite parlamentario de la ley y ratificarse en marzo en el Senado.
Desde la cama donde lleva varios meses postrada recibiendo transfusiones de sangre casi a diario, Cecilia, de 54 años, explica a Efe que su esperanza es acceder a una muerte digna en el centro médico donde está y con el que mantiene una pugna para evitar que la envíen a su casa, donde podría fallecer de una forma dolorosa.
«No quiero irme del hospital, pero tampoco quedarme eternamente. Si estoy recurriendo a la Justicia es porque me niego a hacer nada ilegal y no quiero irme a morir a otro país», agrega la mujer, que lleva varios años en silla de ruedas y con ambos pies vendados.
«Si mi deterioro es tan grande físicamente y yo encima me encuentro mentalmente lúcida, no es aceptable. Es cruel, es una tortura psicológica que no me dejen morir», añade.
Madre de dos hijos y activista por los derechos humanos, Heyder se ha convertido en el rostro del proyecto de ley en trámite que todavía necesita el respaldo del Gobierno para que sea garantizado como derecho y se incluya en el sistema público de salud.
«Estamos ante algo insólito. Antes, la eutanasia era un tabú en la sociedad chilena pero eso ha cambiado. Ahora la mayoría se ha dado cuenta de que la decisión de cómo morir debe ser de cada uno», apunta a Efe el diputado opositor Vlado Mirosevic, impulsor de la iniciativa.
UN DERECHO PARA CUALQUIER BOLSILLO
Desde Amortanasia, una plataforma que ofrece acompañamiento a enfermos terminales que quieren acceder a una muerte digna, celebraron que se acerque el momento de despenalizar la eutanasia, pero denuncian que es insuficiente.
«Poder decidir cuándo morir no debería ser algo con lo que lucrarse, es un tema de derechos humanos y debería ser gratuito para todos», reivindica a Efe Francisco Tapia, portavoz de la iniciativa.
Desde que se conformó en 2019, la organización ha logrado cumplir el deseo de muerte digna de ocho personas en Chile ingeniando tretas jurídicas que incluyen la recaudación de fondos o la contratación de médicos extranjeros y por las que, pese a la ilegalidad, todavía no han sido penalizados.
«Tenemos que dejar atrás esta idea de la eutanasia como algo oscuro y siniestro -concluye Tapia-. Es mejor morir de forma asistida que estando roto y que unas personas te impongan su idea de muerte y se adueñen de tu historia y tu recuerdo». EFE
