Corrupción y pandemia van de la mano, concluye la ONG Transparencia Internacional (TI) en su tradicional clasificación anual presentada este jueves, en la que suspende a dos tercios de los 180 países analizados.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), los países que sus ciudadanos perciben como más corruptos son los que peor han respondido ante la covid, y las reacciones más débiles y caóticas al reto del coronavirus han sido las que han dejado mayor margen a las prácticas ilegales.
Dinamarca y Nueva Zelanda se mantienen en la cabeza de la lista de esta ONG alemana, con 88 puntos sobre un máximo de 100 cada uno; mientras que Sudán del Sur y Somalia, con apenas 12 puntos, reinciden en la parte más baja de la clasificación.
Para la presidenta de TI, Delia Ferreira, el círculo vicioso entre corrupción y pandemia es evidente: «La Covid-19 no es sólo una crisis sanitaria y económica. Es una crisis de corrupción. Y una que actualmente no estamos sabiendo gestionar».
«El año pasado ha puesto a prueba a los gobiernos como no se recuerda y aquellos con mayores niveles de corrupción han sido menos capaces de afrontar el desafío. Pero incluso aquellos arriba del CPI deben hacer frente de forma urgente su papel en perpetuar la corrupción en casa y en el extranjero», añade.
El informe habla de una «imagen nefasta» de la situación de la corrupción a nivel global: la puntuación media es 43 sobre 100 y la mitad de los países no ha registrado ningún progreso «en la última década» en la lucha contra estas prácticas ilícitas, «del soborno y la malversación a los precios abusivos y el favoritismo».
España, entre Catar y Corea del Sur, mantiene los 62 puntos que obtuvo el año pasado, aunque cae del puesto 30 al 32. La media europea, sin embargo, sigue lejos, en los 66.
LA PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN
El análisis, señala el informe, «muestra que la corrupción no sólo socava la respuesta sanitaria global a la covid-19, sino que también contribuye a prolongar la crisis democrática».
Estas prácticas ilegales están asimismo asociadas a «una menor cobertura de la sanidad pública, y mayores tasas de mortalidad infantil y maternal, de muerte por cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias y cardiovasculares».
La reacción de los gobiernos a la pandemia ha evidenciado «enormes grietas en los sistemas sanitarios y en las instituciones democráticas» y revelado que los gobernantes «persiguen a menudo sus propios intereses en lugar de los de los más vulnerables», según esta ONG.
TI aspira a que ahora, cuando la comunidad internacional está empezando a ver la luz al final del túnel gracias a la llegada de la vacuna, «los esfuerzos anticorrupción» se mantengan «para asegurar una recuperación justa y equitativa» para todos.
LUCES Y SOMBRAS
Al frente de la clasificación, tras Dinamarca y Nueva Zelanda, se sitúan Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, todos con 85 puntos; mientras en el extremo opuesto, justo por encima de Sudán del Sur y Somalia, se encuentran Siria (14), Yemen y Venezuela (15).
Las luces del informe las protagonizan los países que más progresos realizan en la lucha contra la corrupción en la última década, con Grecia, Myanmar (Birmania) y Ecuador a la cabeza; y las sombras las encarnan los tres que más pierden en la clasificación: Bosnia Herzegovina, Malawi y Líbano.
Entre las grandes potencias destaca Estados Unidos, que ahonda su caída -por cuarto año consecutivo, toda la presidencia de Donald Trump- y con 67 puntos marca su peor registro en el CPI desde 2012.
La falta de supervisión en el programa de ayudas por la covid, de un billón de dólares, provocó a la ONG «seria preocupación» y significó, a juicio de TI, un «retroceso significativo» con respecto a la tradición de «normas democráticas para la promoción de la rendición de cuentas gubernamental».
China suma un punto (42) y dos posiciones (78); y Rusia, bastante más atrás, gana dos puntos y dos puestos (30 y 129).
Como en los últimos años, en América Latina encabezan la lista regional Uruguay y Chile, con 71 y 67 puntos, respectivamente; y la cierran Venezuela y Nicaragua, con 15 y 22.
El informe incide en sus recomendaciones para los países, que pasan por el refuerzo de los supervisores, la contratación pública abierta y transparente, la defensa de la sociedad civil y la democracia y el derecho a la información, especialmente en materia presupuestaria.
«La transparencia es esencial para asegurar que los recursos públicos se emplean adecuadamente y alcanzan a los beneficiarios objetivo», afirma el texto. EFE
