A petición del Ministerio Público, que todavía se encuentra «recabando antecedentes» para proceder a la formalización, el acusado, un agente del cuerpo policial de Carabineros, permanecerá en prisión preventiva y será formalizado el próximo martes.
El uniformado fue detenido en la tarde del viernes, según especificó el fiscal regional, Marcelo Leal, tras difundirse unos videos en los que se aprecian cómo varios policías abordan a un joven malabarista en la localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de la capital.
Según las imágenes, en el marco de un proceso de control de identidad en pleno centro de la pequeña localidad, uno de los agentes apunta con un arma de fuego a la víctima, Francisco Martínez, quien arremete y desenvaina dos largos cuchillos de su espectáculo callejero antes de ser abatido.
El episodio desató una ola de protestas en Panguipulli, donde grupos de manifestantes levantaron barricadas al tiempo que fueron incendiados un total de diez edificios de instituciones públicas.
Las autoridades informaron este sábado que no hay detenidos por los incendios, que afectaron, entre otras dependencias, la alcaldía -que fue consumida por las llamas-, la comisaría y el Registro Civil.
«Nada tiene que ver este episodio (la muerte del malabarista), que debe ser investigado, con el ensañamiento contra la infraestructura pública que vimos ayer», dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien aseguró que toda la información en manos de Carabineros será entregada para esclarecer la verdad.
En tanto, sí se detuvieron al menos a cinco personas por desórdenes públicos de otra índole y a siete por incumplir los protocolos sanitarios, afirmó el mandatario regional, César Asenjo.
El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, reiteró que la víctima era una persona «pacífica y respetuosa» y aseguró que tanto los incendios como la muerte de Francisco son «total responsabilidad» de la Policía que actuó «de forma negligente».
El cuerpo de Carabineros, cuestionado por la brutalidad con la que reprimió las protestas de 2019 contra la desigualdad, indicó en una declaración que los agentes actuaron en «legítima defensa propia».
Este episodio desató una ola de críticas hacia esta institución policial por parte de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la «urgencia» de refundar el cuerpo policial y hicieron un llamado a hacer un uso de la fuerza «racional y proporcional».
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta. EFE
