Más que privilegio la soberanía popular constituye responsabilidad frente a la historia, expresada fundamentalmente en las urnas. Los ecuatorianos la ejercimos ayer para tener el gobierno que merecemos. Algunos obnubilados por las promesas de campaña, que buscan captar votos antes que ejecutorias plausibles; a otros en cambio les impulsó la orientación ideológico-programática de partidos y candidatos, incluyendo la reivindicación de personajes perseguidos a través de la justicia. Lo importante sin embargo es haber cumplido el deber cívico, como muestra de participación democrática hacia el presente y futuro de la patria.
También queda así reconocida la validez del quehacer político, tan cuestionado e inclusive denostado, porque sí hay quienes lo transforman en oportunidad de servicio. En todo caso se parece a cualquier profesión, pero bajo la constante lupa de la opinión pública. Lo demuestra la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al señalar que el 78% de noticias diarias se relaciona con este tema.
Claro que la soberanía popular no significa infalibilidad. Recordemos aquella década comprendida entre los años 1996-2006, con nueve mandatarios incluyendo dos efímeros triunviratos. Vinieron luego los tres períodos consecutivos del correísmo, para desembocar en el actual gobierno que termina desgastado con el 8 % de aceptación, tras librarse de caer en octubre del 2019. Es que el propio conglomerado nacional al darle un año atrás el 67 % de respaldo en la consulta, le convenció de que podía imponer cualquier medida sin afrontar las consecuencias.
Ojalá ahora los votantes “no hayamos tropezado con la misma piedra”. Pero si lo hicimos hay que asumir la responsabilidad con madurez, culpándonos también por los errores que cometan las autoridades libremente escogidas. (O)
