La Comisión de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calfició este jueves 11 de febrero del 2018 el juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y lo traslada inmediatamente a la Comisión de Fiscalización, para que se lo procese.
El pasado 1 de febrero, el asambleísta Ángel Sinmaleza (SUMA) presentó el pedido de juicio político con 38 firmas de respaldo que provinieron de las bancadas CREO, Alianza PAIS, Partido Social Cristiano, Pachakutik, bloques de independientes y algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana.
Las causales de la acusación de Sinmaleza son tres, la primera se centra en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad en momentos de pandemia. Según el propio ministro lo aceptó en su comparecencia a la Comisión de Derecho de la Salud, cerca de 3.000 documentos de este tipo se entregaron cuando la atención en los hospitales se había suspendido debido a la presencia de la covid-19 por lo tanto, se evidenciaba una ilegalidad.
Sin embargo, según señaló el asambleísta, Zevallos nunca remitió a los legisladores el listado de las personas que se beneficiaron de este ilícito, ni de los funcionarios que cometieron la irregularidad, acogiéndose en una supuesta confidencialidad hasta que el hecho sea investigado. Lo cual incurre en incumplimiento al pedido de los legisladores.
La segunda causal en contra del ministro se refiere a la falta de cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario, según la cual se debía otorgar nombramiento a todos profesionales de la Salud que estuvieron en primera línea durante los primeros meses de la pandemia, pero hasta el momento el Gobierno solo ha entregado este beneficio a 6 mil personas y ha ofrecido llegar a un máximo de 12 mil, pero según las cifras de las organizaciones de médicos, enfermeras y trabajadores, la cantidad asciende a 23 mil.
La tercera causal se refiere a la falta de cumplimiento del cronograma de vacunación, pues Zevallos priorizó a sus familiares y vacunó en centros privados que no estaban dentro de la planificación.
“Esto es una clara falta de notoriedad y probidad sobre el manejo de los recursos públicos, pues desvió las vacunas para entregarlas a sus familiares. No existe justificación para el respaldo del Ejecutivo a un ministro que no ha manejado bien una pandemia, a un ministro que no ha distribuido la vacuna como tiene que ser, que priorizó sus intereses particulares, el presidente debió destituirle ese momento por mal utilizar los bienes públicos en beneficio personal”, puntualizó Sinmaleza. (I)
